Son muchos los edificios que se encuentran con el suministro cortado y muchas más las obras concluidas y que no pueden ser habitadas por falta de suministro. ¿Qué es lo que pasa?.
Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur sostienen que es necesario un gasoducto suplementario entre Tandil y Mar del Plata para contar con el fluído suficiente para aumentar la provisión del fundamental elemento. Y que hacer esas obras no es responsabilidad de la empresa.
Lo que hace la empresa es establecer cuáles son las obras que son técnicamente necesarias para dar respuesta a esa demanda creciente, y «eleva los anteproyectos a las partes competentes, que son las que deben buscar las fuentes de financiamiento”. Normalmente la respuesta es el silencio.
A ello, aunque no lo digan oficialmente, le suman la queja por la falta de tarifa -congelada desde hace mucho tiempo por una medida cautelar que impide su actualización- lo que las obliga a trabajar a pérdida y con un nivel de inversión que no va más allá del mínimo mantenimiento.
Mientras tanto el estado y las transportadoras no se ponen de acuerdo en ninguna inversión y las obras brillan por su ausencia mientras la demanda crece al ritmo de la construcción.
Camuzzi y el estado son la expresión de dos monopolios que tienen entre sus manos a los usuarios, convertidos entonces en rehenes.
Usuarios que sin posibilidad de contratar un servicio alternativo y acostumbrados a la sordera estatal quedan en el medio de esta disputa viendo como se afecta su calidad de vida y -algo que en la Argentina nunca fue tomado en serio- la administración de su propiedad privada.
Es un tema grave; muy grave. No hay desarrollo posible para Mar del Plata si las obras privadas o públicas no pueden contar con el gas necesario. Máxime cuando la alternativa electro dependiente se encuentra con pretensiones desmedidas por parte de EDEA, que obligan a los inversores a millonarias inversiones previas y a cuenta de servicios que aún no han sido brindados.
Un verdadero disparate al que parece no querer resolver ni el gobierno ni la justicia que, más allá de algún amparo concedido sobre cuestiones menores, no obliga a los concesionarios a invertir lo que sea menester para que los ciudadanos reciban un servicio acorde con los tiempos que vivimos.
Aunque sea justo también revisar la política demagógica en materia de subsidios, para evitar que aquellos que pueden sigan pagando lo mismo que los que no pueden.
Por eso afirmamos que la cuestión es mucho más grave de lo que parece. Estamos hablando de un tema en el que nadie está cumpliendo con su rol social y todos se limitan a ver a la propia rentabilidad como razón de ser.
¿Será ese capitalismo perverso del que habló Francisco?; tal vez…
