¿Quién podía sospechar que iba a hacer falta un recurso de amparo para que Carlos Arroyo le devolviese a la educación lo que le quitó en 2016?. Cae el mito del docente ejemplar.
Avanza en la Justicia el amparo presentado por el Consejo de la Niñez y la Defensoría del Pueblo por la suspensión y recorte de programas educativos y culturales realizados por el gobierno municipal de Carlos Arroyo en su primer año de gestión.
La jueza que interviene, doctora Patricia Sara Gunsberg, del Juzgado en lo Civil Nº 9, dio al expediente condición de “amparo de conciliación” y lo “abrió a prueba”, de manera que ahora las secretarías municipales directamente involucradas, la de Educación y la de Cultura, deben presentar informes que le son requeridos mediante oficios.
La magistrada también está llamando a testimoniales y a audiencias de conciliación, que por ahora no han prosperado. Lejos de ello, el gobierno municipal parece haber asumido esta instancia en Tribunales como una “batalla judicial”. En principio, no fueron las titulares de Educación y Cultura las que representaron al Municipio sino el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, área desde la que, en fecha más reciente, se denunció por “falso testimonio” a una agente de la Comuna tras su declaración en la causa.
13.000 menores afectados
Como lo informara LA CAPITAL , el primer medio en poner en conocimiento de la opinión pública lo que estaba ocurriendo,oportunamente, en la presentación original el Consejo local de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del partido de General Pueyrredón señaló que hubo más de 13 mil menores afectados por la suspensión de los programas educativos y culturales, especialmente por la drástica reducción del número de capacitadores.
El achicamiento cobró mayor gravedad por haber afectado especialmente a los barrios periféricos, circunstancia que desde fuera del gobierno es vista como una medida no totalmente motivada por la falta de recursos, sino como el resultado de una postura ideológica; postura que no alcanza a comprender que la equidad y justicia social abarca más que la distribución del ingreso: incluye también la posibilidad para todos de acceder a una educación y cultura de calidad.
El informe del Consejo de la Niñez contenía datos contundentes. Conviene recordar algunos de los más significativos. Por caso, en relación con el programa de “Almacenes Culturales”, que buscaba facilitar el acceso a instancias culturales de recreación, se indicaba que en 2015 hubo 10.305 chicos alcanzados, para descender a 2.627 en 2016.
Sucedió de manera similar con el Programa Educativo Barrial (PEBA), que brinda conocimientos en oficios, idiomas y apoyo escolar, entre otros, en el mismo territorio, ésto es sedes de sociedades de fomento, delegaciones municipales, iglesias, clubes, etc. El PEBA llegaba a 107 barrios y en 2016 se dio en 89.
