La alianza entre el kirchnerismo y la UCR que ha quedado en evidencia por estas horas, y que se plasmó en el grosero desplazamiento del juez Cabral, no es un rayo en un día soleado.
Desde los albores de la democracia ambos partidos onsensuaron las designaciones en el Poder Judicial y lo hicieron como una forma grosera y antirepublicana de poner a sus dirigentes y funcionarios lejos del alcance de la justicia.
Todos comprendemos que no puede ser que los tribunales de cuenta o auditorías sean ocupados por quienes antes fueron funcionarios porque esto los invalida éticamente. El control, en esos casos, es una ficción y una forma de crear empleos de lujo, con sueldos y jubilaciones altísimas para los amigos del poder, que hacen poco y permanecen por largo tiempo. Su función se limita a arreglar dictámenes y procedimientos de modo que el poder político tenga impunidad.
Los memoriosos recordarán que en tiempos de Alfonsín la comisión de designación en el Senado fue presidida por el catamarqueño Vicente Leónides Saadi, uno de los dirigentes más mañosos que haya dado el peronismo en toda su historia -baste recordar cuando se hizo pasar por el propio Perón para ordenar que «el compañero Saadi» fuese ungido candidato a la cámara alta- y que durante todos esos años designó a su antojo a los jueces con la sóla obligación de respetar el «uno y uno».
Esta manipulación de la justicia no deja fuera ni a Raúl Alfonsín, quien protagonizó uno de los hechos más bochornosos de la historia judicial contemporánea al ser fotografiado en plena sesión con un papel en sus manos que contenía «instrucciones» para frenar la designación de un magistrado.
Alfonsín y la nota en la que figuraba un juez cuyo nombramiento había que «cajonear»
Si bien Alfonsín negó a través de un comunicado y «en forma terminante» haber tenido una actitud negativa hacia el aspirante a juez, la fotografía publicada por el diario «La Nación» mostraba al ex presidente sentado en su banca, leyendo un papel que indicaba: «Juez que hay que cajonear es: Antelo».
Antelo era secretario letrado del titular de la Corte Suprema, Julio Nazareno, y postulante a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Trovatto y su placard, Oyarbide y sus escándalos, Nazareno presidiendo la Corte sin el mínimo vuelo jurídico, Corach y su servilleta, Belluscio y su amante volando por un balcón en París, la persecución a Campagnoli, acá en Mar del Plata el fiscal Kishimoto reconociendo que la causa Hooft había sido armada….y tanto más.
Muchos dirán que estas son excepciones dentro de un poder que integran miles de personas en todo el país. Y si bien eso puede ser cierto, el grado de capricho político que hoy vemos hasta con obscenidad pero que esta nota demuestra que siempre fue un método acordado por nuestra dirigencia para aprobar o rechazar las designaciones, demuestra que ha llegado el momento de tomar acciones de fondo que permitan revisar la capacidad intelectual y moral de quienes deben impartir justicia.
Pero ello debe hacerlo un cuerpo extraordinario, integrado por ciudadanos con probada capacidad profesional y ética, y elegidos por única vez, sin cargo ni sueldo posterior, y en un concurso público que pueda ser controlado por todos y cada uno de nosotros.
¿Pueden existir otras alternativas?. Tal vez…y sería bueno que quien las tuviese las ponga ahora sobre la mesa.
Antes de que lo que intentó Alfonsín, acentuó Menem y ahora llevaron al paroxismo los K con la complicidad de la UCR, convierta al Poder Judicial en una caricatura de la justicia.
Si es que ya no lo lograron…
