Los anuncios realizados por la Presidente en lo referido a cambios en el CPP deben ser valorados en un sentido positivo.
Más allá de cuestiones puntuales, que deberían ser debatidas en el Congreso con apertura mental y lejos del voto a libro cerrado que tanto utiliza el oficialismo, lo cierto es que se busca una administración de justicia más ágil y se vuelve a un principio abandonado que es aquel que ponía en cabeza de los fiscales el peso de la investigación.
Podrá decirse que ello obliga a un criterio mucho más ajustado a la hora de designar funcionarios del Ministerio Público Fiscal y que también deberá designarse al frente a una figura de mayor credibilidad y enjundia moral que la actual jefa Gils Carbó. Sin una conducción confiable y sin la objetividad que es menester ante un tema tan delicado, es imposible que la sociedad descanse tranquila pese a lo que diga la norma escrita.
Son demasiados los casos en los que desde la cúspide del poder de las fiscalías se han “cajoneado” causas en las que funcionarios cercanos al gobierno se encontraban claramente involucrados en casos de corrupción. ¿Qué importancia podría tener entonces lo que diga el CPP si se elige a dedo quién es judiciable y quién no?
Pero sin lugar a dudas lo más urgente es la adecuación de los códigos similares de las justicias provinciales.
La mayoría de los delitos que hoy alarman a la sociedad argentina se encuentran bajo jurisdicción de las normas de cada estado provincial y de nada serviría entonces una reforma nacional si no es acompañada por esas adecuaciones que le den a la administración de justicia una unidad que hoy no tiene.
Un paso positivo, la necesidad de un debate amplio, un criterio más democrático en la designación de fiscales y la adecuación de normas en todo el país son entonces el desafío que se viene a partir del anuncio presidencial.
Lo anunciado no es entonces la panacea , pero hace a la posibilidad de caminar en el sentido correcto.
Y esto no es poco en la Argentina de hoy.
