(Escribe Adrián Freijo) – Argentina abandona a su suerte a aquellos ciudadanos que deben luchar en el extranjero para hacer valer sus derechos filiales. Y los nuestros siempre pierden.
Hay países para los que los derechos de sus ciudadanos son sagrados y deben ser respetados en el mundo entero. Cuando se plantea un conflicto entre padres, esos países mantienen incólume una premisa a la que no están dispuestos a renunciar: si hay menores de por medio, esos niños no deberán ser retirados del territorio nacional. Todo lo demás se discutirá y se resolverá, pero con los niños en casa.
No es por cierto el caso de la Argentina. Es común ver a madres y padres de nuestro país penando en el extranjero en una lucha desigual para poder recuperar contacto -no ya tenencia, que se convierte en un imposible- con sus hijos menores que han sido llevados del territorio nacional por el otro progenitor.
Un caso emblemático
Gabriela Arias Uriburu contrajo nupcias en Guatemala, en el año 1991 con Imad Shaban, a pesar de ser ella católica y el musulmán. Tuvieron tres hijos: Karim (12-5-92), Zahira (25-12-93) y Sharif (5-4-96). Pero la llegada de los hijos no fue suficiente para sobrellevar el matrimonio multicultural, por lo que en 1997, Gabriela plantea su decisión de divorciarse ante la Justicia Civil guatemalteca, quien además le otorga la tenencia de los tres hijos. Sin embargo, el 10 de diciembre de 1997, Imad Shaban, ilegalmente saca a Karim, Zahira y Sharif de Guatemala, y se radica con ellos en Jordania, su tierra natal, donde residen hasta la actualidad.
Hoy, su relación con Karim (20 años), Zahira (19) y Shariff (17) es libre. Ya no hay regímenes de visita ni cuestiones legales, porque en 2005 renunció a todos sus derechos como madre, a cambio de un acuerdo con el padre para retomar la relación con ellos.
Y más allá de la lucha pública de Gabriela por los derechos de sus hijos, proyectada por la que hoy lleva adelante en foros internacionales por los de todos los niños en situaciones semejantes, la realidad indica que estamos ante un caso en el que la estructura del estado nacional no supo, no pudo o no quiso hacer valer su peso a la hora de acompañar esa lucha. Al menos con la fuerza que si saben mostrar otros países.
Más hijos del subdesarrollo
Ana Alianeli es una ciudadana argentina que por estas horas padece en carne propia el peso de pertenecer a una nación de habitantes y no de ciudadanos.
Ella y Dennis Burns se casaron en 2006 y tuvieron una hija que nació en Buenos Aires. Dos años después nació la segunda en Estados Unidos. La pareja se divorció en 2010 y unos meses después la madre viajó a la Argentina con sus hijas, tras obtener un permiso judicial temporal. Pero cuando se venció el plazo ella no retornó con las chicas a Estados Unidos.
Mientras el estado nacional daba vueltas y no ordenaba una restricción absoluta para que las niñas fueran sacadas de la Argentina hasta que se resolviese la cuestión de fondo –que es la actitud refleja que toma la justicia estadounidense en protección de los derechos de sus ciudadanos- el padre logró en su país una orden de restitución, las retiró del país en condiciones que también incumplió y sin embargo hoy «juega de local», protegido por la justicia norteamericana y como el marido de Arias Uriburu tranquilo y convencido de que las condiciones las pondrá él.
En una entrevista concedida a 360 noticias, Alianelli señaló que para ver a sus hijas, de seis y ocho años, tiene que pagar 450 dólares a una asistente social y hablarles en inglés.
«Con mi hija más chica nunca vivió y con la más grande cuando estuvo internada la dejó y se fue a un torneo de póker. Si la nena se portaba mal, le ponía los zapatos al revés y la hacía caminar así o las dejaba encerradas», sostuvo. Sin embargo, la madre hoy se ha convertido en un ser mendicante en búsqueda de algún contacto con sus hijas.
Los hijos del Imperio
El caso de la española Maria José Carrascosa es emblemático. A pesar de tener un fallo a favor en su país pasó nueve años en la cárcel por no respetar la legislación norteamericana en la materia.
Maria José Carrascosa quedó detenida en 2006 acusada de desacato a la autoridad y secuestro por llevarse a España a su hija, en enero de 2005, mientras estaba en medio de un litigio con su exmarido, Peter Innes, sobre la custodia de la hija de ambos, Victoria.
Un tribunal de Valencia (España) le concedió a Carrascosa la custodia de su hija en julio de 2005, pero un año después la madre regresó a Estados Unidos, y quedó detenida el 21 de noviembre de 2006.
Fue condenada a 14 años de prisión en un juicio que se cerró en diciembre de 2009, y en varias ocasiones en los últimos años ha pedido la libertad condicional.
Y aunque todo nos parezca un verdadero despropósito, y de hecho lo es si pensamos que Maria José estuvo más años presa por madre de lo que un asesino múltiple suele estar detenido en la Argentina, no podemos dejar de observar la firme defensa que EEUU hace de los derechos de sus ciudadanos.
Y agregar que España hizo lo mismo ya que un tribunal le otorgó a la madre la tenencia, en un fallo que luego no fue respetado por EEUU pero que coloca la cuestión en el terreno diplomá tico y no legal.
Cada uno de los países, en su momento, priorizó la demanda de su ciudadano y lo protegió.
Una protección que ni Gabriela Arias Uriburu ni Ana Alianeli encontraron en el suyo.
Irónicamente, nuestra Presidente está dispuesta a mover medio Poder Judicial para poner a su hijo a salvo de posibles condenas.