Redacción – El monotributo para incorporar desocupados al trabajo formal es una trampa para mantener los privilegios de líderes piqueteros y darles más poder y dinero.
Dirigentes de organizaciones sociales y políticas respaldaron la iniciativa del Gobierno nacional para «formalizar» a los trabajadores y las trabajadoras de la economía social, a través de la creación de un nuevo monotributo destinado a ese sector, que les permitirá tener las mismas prestaciones que un trabajador formal, en materia previsional y de salud, entre otros beneficios.
«Unos 4.5 millones de habitantes de nuestro país están en la economía popular y trabajan mucho, es hora que ese trabajo se reconozca como tal», celebró Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita.
Esta semana, el Gobierno nacional anunció que trabaja en un proyecto para llevar al «circuito formal» a los trabajadores de la economía social, a través de su registro como monotributistas productivos, lo que implicará facilidades en el pago de las cargas durante los primeros años y acceso a jubilación y cobertura de salud.
El sistema de colocar a los trabajadores en esa situación ya se viene utilizando en la Argentina como una forma encubierta de precarización y en este caso mantendrá a los mismos dependientes de las organizaciones sociales que, según pudo saberse, serán las encargadas de administrar las tareas que estos «formalizados» realicen.
Pero lo que más preocupa a las organizaciones sindicales y empresarias es que, en el caso en el que estos trabajadores ingresen en el mercado formal, la representatividad de ellos quedará en manos de su organización madre, con lo que se crea un nuevo polo de poder que tendrá las mismas incumbencias de los gremios y estarán formalmente dentro de las empresas.
¿Quién se va a hacer cargo de las prestaciones de salud que se prometen?, se preguntan por estas horas en las obras sociales gremiales. «Si quieren que los atendamos que cancelen la deuda millonaria que tienen con nosotros y que nos ha colocado al borde de la quiebra» sostienen. «Y que además se hagan cargo de pagar mes a mes el aporte para la prestación que deban recibir esos millones de nuevos trabajadores. Si no, es imposible que podamos atenderlos y esto no pasará de ser un relato más; deberán seguir en el hospital público en el que ya se atienden» afirman.
Ni que decir del régimen de jubilaciones, que ya cruje por todos lados, y que nadie sabe como podrá financiarse con la nueva normativa que habilita el retiro de todos los nuevos monotributistas pero no previene, al menos en el comienzo del plan, el pago pleno de los aportes mensuales.
Por lo demás, la experiencia ya fue intentada en algunos sectores con alto grado de informalidad -antes del gobierno de Mauricio Macri estaba en el sector rural y no sirvió para solucionar el problema- por lo que no pareciera ser otra cosa que una jugada para formalizar el ingreso de las organizaciones sociales en la vida gremial y empresaria del país y dotarlas de más poder y dinero.
Una inmensa estafa a la esperanza de los desocupados y un intento más de manejar la realidad a partir de resoluciones voluntaristas y sin efecto real, en vez de iniciar el gran esfuerzo de crear trabajo genuino desde el crecimiento e incorporar la mano de obra de manera formal tras el inevitable debate de una nueva ley de contratos de trabajo que, asegurando los derechos de los trabajadores, deje atrás la existente desde 1975 que ya no responde a la realidad del mercado laboral nacional e internacional.
Todo configura entonces una nueva estafa a un sector al que se ha mantenido voluntariamente sumergido y al que, ante las crecientes tensiones, se le promete algo imposible de aplicar y que terminará una vez más con los líderes sociales -ahora reconvertidos en funcionarios públicos– manejando a piacere la vida de sus afiliados.
Y a seguir marchando…
