La impunidad como telón de fondo al atentado que hace treinta años inauguraba en el país la era del terrorismo internacional es una mancha que nos acompañará hasta que se haga justicia o vuelvan a sonar las bombas.
El 17 de marzo de 1992 el centro de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, fue violentamente sacudido por una explosión que arrasó con el edificio de la embajada de Israel.
Era el primero de dos grandes atentados terroristas contra la comunidad judía en el país en 1992 y 1994, cuando explotó otra bomba en la mutual judía AMIA, y que aún siguen impunes en la justicia de Argentina.
En el ataque contra la embajada de Israel, ubicada en el barrio de Retiro, en Buenos Aires, murieron 29 personas y cientos resultaron heridos.
La bomba estalló a las 2:45 pm (3:45 ET) y provocó el derrumbe del edificio, donde funcionaba la embajada desde 1950, y en su lugar hay ahora una plaza con árboles que recuerdan a las víctimas del atentado.
Solo 22 de las 29 víctimas pudieron ser identificadas.
Tanto en lo referido a la investigación de aquel atentado como el posterior contra la sede de la AMIA en CABA, la justicia y el poder político se complotaron para hacer de la impunidad un escudo que protegiese a los responsables, llegando durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a la firma de un protocolo de entendimiento que llevaba lejos del país las diligencias jurídicas para tomar declaración a los imputados.
Dos hechos que conmocionaron al mundo y las dos pruebas más concretas de un estado que vive al margen de la ley y siempre dispuesto a manejar como política propia la manipulación del relato y la impunidad parcial o total frente a los crímenes que jalonan su trágica historia.
Con esa extraña vocación de repetir pecados para asegurar que todo vuelva a ocurrir…
