Por Adrián Freijo – Después de años enarbolando la bandera docente el intendente utiliza su poder para perseguir a sus pares sin tregua. Aún sigue sin pagar el bono de fin de año enviado por Vidal.
Carlos Arroyo llegó al poder político de la ciudad enancado en su condición de docente. Desde el inicio de su vida pública no perdió oportunidad de recordar que su vida estaba dedicada a la enseñanza y que ese sería su norte cuando los marplatenses lo eligiesen para gobernarlos.
Sin embargo desde el inicio de su gestión pareció centrarse en una persecución enconada con sus pares municipales a los que azuza todo el tiempo con medidas tendientes a recortar sus ingresos, los priva de derechos adquiridos desde hace décadas y -ya no es un secreto- pretende sacárselos de encima trasladando todo el sistema a la órbita provincial.
Además todo este andamiaje persecutorio se corona con una característica inaceptable en tiempos democráticos: el maltrato verbal y real al que son sometidos los maestros y profesores por parte de las autoridades del sector es propio de una dictadura que desprecia la educación como servicio del estado y camino hacia el desarrollo social y cultural de Mar del Plata.
Con motivo de la llegada de fin de año la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso para todos los docentes en actividad un bono de $ 7000 que, si bien no era remunerativo, significaba un importante aporte a la castigada economía del sector. Y uniendo la acción a la palabra giró los fondos a todos los municipios con las normativas exactas para proceder a su liquidación.
Pero, para Arroyo siempre hay uno cuando se trata de perseguir a sus colegas, aquí en General Pueyrredón «descubrieron la humedad en el pozo» y el 21 de diciembre del año pasado firmó el Decreto N° 2564 resolviendo que el pago se difiera «a resultas de la sanción del marco reglamentario» que debía redactar la Secretaría de Educación. Un absurdo si se tiene en cuenta que la resolución provincial fijaba con claridad meridiana las condiciones para percibirlo, que no eran otras que ser docente en actividad sin importar si el cargo era de «titular, provisional o suplente»(sic).
Tres días después la Secretaría emitió el Memorándum N°5/18 dirigido a los directivos de todos los establecimientos -en el que comete el acto fallido de designarlos como provinciales (¿¿¿???)- requiriendo «información fehaciente y actualizada de los docentes que prestan servicios en las instituciones educativas de todas las gestiones» …como si ese dato no estuviese debidamente asentado en el legajo de cada agente a los efectos de la liquidación de sus haberes mensuales.
Lo cierto es que hoy, a casi un mes de la fecha prevista para la gobernadora para que los docentes de todo el distrito recibiesen esa ayuda extraordinaria, los que dependen del sistema municipal de educación no han recibido un solo peso de lo que les corresponde.
Y que está depositado desde mediados de diciembre de 2018 a la espera de llegar al bolsillo de sus verdaderos dueños. Cuarenta y cinco días en los que Arroyo, Mourelle y Distéfano dispusieron de esos fondos para otros gastos del municipio por los cuales deben responder hoy, motivo por el cual siguen llevando a la larga el pago correspondiente.
Otra vuelta de tuerca en la estrategia de demolición de un sistema educativo que ha sido orgullo de marplatenses y batanenses durante más de medio siglo y que la actual administración ha dispuesto sacarse de encima sin reparar en atropellos y medidas que en ocasiones como esta rozan la ilegalidad.
Porque el dinero que no aparece no es de ninguno de ellos sino que pertenece a los docentes, a quienes se les retiene indebidamente.
Muy grave en todo caso, pero mucho más para quien presume constantemente de su condición de educador. ¿Le habrá enseñado a actuar así a sus alumnos?.
