El desalojo de la villa Papa Francisco en la zona de Lugano supuso algo tan sencillo como hacer cumplir la ley. Más allá de la usurpación de tierras, la zona se había convertido en tierra liberada para el negocio del narcotráfico. Hasta ahí, todo bien…¿pero alguien pensó en las decenas de familias carenciadas, no vinculadas con el delito, que de la noche a la mañana quedaron a la intemperie?
Adentro no queda nadie. Todo lo que hay son pedazos de ladrillos huecos, maderas y chapones doblados cubiertos de ceniza. Hasta el sábado, en ese predio de 12 hectáreas ubicado al lado de la Villa 20 de Lugano, vivían unas 700 familias que habían levantado sus casas precarias con los materiales que fueron consiguiendo desde febrero, momento de la toma, hasta anteayer, cuando la jueza Gabriela López Iñíguez ordenó su desalojo.
La mayoría de los habitantes se reubicó en casas de familiares o amigos, otra porción aceptó un lugar provisorio en paradores del gobierno de la Ciudad, y unas 50 familias que no quisieron ser separadas según los criterios del Ministerio de Desarrollo Social porteño –que obligan a separar a hombres mayores de edad y mujeres con hijos–, soportaron la lluvia y el granizo de la madrugada de ayer en un campamento improvisado sobre el bulevar de la Avenida Fernández de la Cruz.
En tanto, la Corriente Villera Independiente anunció que volverá a instalar una carpa frente al Obelisco porteño para denunciar la represión policial en el Barrio Papa Francisco y acompañar la resistencia de los que siguen en el predio.
El desalojo del sábado a la madrugada concluyó con seis meses de toma del predio y ocurrió cuatro días después de que Melina López, una chica de 18 años, fuera asesinada frente al predio en un intento de robo.
«Unas 52 familias fueron ubicadas en el parador del polideportivo de Parque Avellaneda, otras diez en el polideportivo de Parque Chacabuco y siete en el Martín Fierro (en el barrio de San Cristóbal). Acá quedan unas 50 familias que no quieren ser separadas», precisó el defensor general adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, desde el predio. Sólo el equipo de 20 integrantes de la Defensoría pudo pasar el cordón policial, que aislaba a los vecinos, para hablar con ellos, evaluar su estado de salud, los bienes perdidos en el desalojo, y recolectar pruebas de la «violencia institucional».
Los vecinos denunciaron hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad encargadas del operativo durante todo el día sábado. En ese marco también fueron agredidos los legisladores porteños José Cruz Campagnoli y Pablo Ferreyra (que resultó herido con cuatro balas de goma), y el diputado nacional Horacio Pietragalla. Como saldo del accionar policial, unas seis personas habían quedado detenidas. Ayer liberaron a cinco de ellas, y aún queda una con prisión preventiva. Según informaron a Tiempo Argentino desde el Ministerio Público Fiscal, esta persona seguía demorada por decisión del fiscal contravencional Carlos Fel Rolero, quien consideró que por tener tres condenas previas y no tener domicilio conocido, podía solicitar su prisión preventiva.
Respecto de la situación de las 700 familias que desde el sábado quedaron nuevamente sin hogar, Duacastella adelantó a este diario que «mañana (por hoy) vamos a plantear judicialmente que se les de a todos un subsidio habitacional, porque la solución tiene que ser homogénea».
Al respecto, agregó: «Los alcances de ese subsidio dependerán de la jueza Elena Liberatori.» Es que la magistrada interviene en la causa por el incumplimiento de la Ley 1770/05 que establece la urbanización de la Villa 20 (ver aparte). Por ese motivo, la jueza trabó en el año 2010 un embargo al gobierno de la Ciudad sobre los fondos que Lotería Nacional le gira y que a principios de año ya acumulaba unos 29,2 millones de pesos.
La vicejefa de gobierno porteño, Maria Eugenia Vidal, quien ayer hizo alusión al desalojo durante una entrevista radial, eludió referirse al incumplimiento de la urbanización de la villa y el déficit habitacional. En cambio consideró que «fue una toma organizada por un grupo minúsculo», al que calificó de «mafia organizada» que «se aprovechó de la necesidad de muchísima gente vendiéndole terrenos contaminados». Hasta 2011, esas 12 hectáreas estaban ocupadas por un cementerio de autos de la Policía Federal.
El desalojo del sábado a la madrugada concluyó con seis meses de toma del predio y ocurrió cuatro días después de que Melina López, una chica de 18 años, fuera asesinada frente al predio en un intento de robo. El tío de la víctima, Adrián López, también fue entrevistado ayer por Radio Mitre y lamentó que «tuvieran que esperar que muera mi sobrina y mi familia esté toda destruida» para desalojar.
Al respecto, la organización Seamos Libres, que realiza trabajo territorial en la zona, denunció que «desde hace semanas el barrio de Lugano se encuentra en una situación de zona liberada, lo que incentivó una sucesión de hechos que propiciaron la estigmatización de los vecinos y vecinas del barrio y favoreció a generar un clima que justificó el desalojo a cualquier precio».
La crisis socioambiental en la villa 20
En febrero de este año, la Asesoría General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires presentó un informe en el que relevó indicadores sobre la situación de salud ambiental en la Villa 20.
Agua potable: El 80% de las manzanas no presenta conexión reglamentaria a la red de agua potable; el 70% carece de presión continua; el 45% tiene interrupción reiterada del servicio.
Cloacas: El 93% de las manzanas tiene cloacas, pero casi el 90% no son reglamentarias. El sistema desborda cuando hay lluvias abundantes.
Electricidad: El 77% de las manzanas tiene conexiones precarias y no reglamentarias.
Basura: La recolección de residuos es considerada insuficiente en el 62% de los casos.
Gas: Salvo la Parroquia, el Centro de Salud y el Polo Educativo, casi ninguna casa del barrio tiene gas de red. Se usan principalmente garrafas.
Contaminación: Tres manzanas de la Villa 20 se encuentran sobre el predio del ex cementerio de autos de la Policía Federal. Un estudio realizado allí en 2007 por el Centro de Salud y el Departamento de Salud Ambiental de la Ciudad detectó que el 35,5% de los niños presentan valores que superan el límite de plomo aceptable en sangre.
Además, un estudio realizado por la Universidad Nacional de San Martín en 2010 señaló que los suelos del predio no son aptos para uso residencial y recomendó la remoción de los primeros 50 cm para evitar el contacto directo con suelos contaminados con hidrocarburos pesados.