Redacción – Con mucho personal fuera de servicio por el COVID-19, magros salarios, falta de apoyo político y profesional y equipamiento destruido, se escuchan protestas que suben de tono.
Las últimas semanas han sido de ebullición en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se calcula que la cantidad de personal infectado por el COVID-19 supera largamente lo previsto y nadie siente que el poder político esté acompañando el difícil momento por el que atraviesan los afectados y sus familias.
A ello se le suman los reclamos tradicionales de los uniformados y que tienen que ver con la necesidad de una urgente recomposición salarial -que no solo tiene que ver con el monto de la remuneración sino con el blanqueo del mismo- el correcto pago de horas extras, una adecuada asistencia sicológica, la renovación del equipamiento, la necesidad de capacitación y otras cuestiones más estructurales como la democratización de la fuerza, el derecho a la libre selección de obra social y a la sindicalización.
Creen que el Plan de Seguridad anunciado por el presidente Alberto Fernández no pasa de un intento de «patear la pelota hacia adelante» y no entienden la intención de incorporar 10.000 hombres más a la fuerza cuando se aducen razones presupuestarias para mantener aplanados los sueldos y reatcear el equipamiento de quienes ya prestan servicio. «Todo lo demás -móviles, armas, chalecos antibalas, cámaras de seguridad y tecnología analítica- es la reiteración de promesas anteriores que, a lo sumo, terminaron siempre en compras truchas y negociados» dicen desde adentro del personal.
Otro de los puntos que consideran insostenibles está vinculado a cuestiones disciplinarias dentro de la institución. «Exigimos que se termine con la costumbre de sumarios y aplicar arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de presión y amenaza permanente» sostienen.
«Hoy los policías vivimos un reino de terror en el que se nos presiona constantemente con sanciones si nos atrevemos a reclamar por nuestros derechos. Los funcionarios se llenan la boca con nosotros pero dentro de las comisarías y en todas las reparticiones la presión es asfixiante» indican.
«Hay un estado deliberativo en la fuerza. «Los policías no estamos tranquilos y además no nos gusta estar en medio de una interna política que no nos interesa pero que termina afectando nuestro trabajo. Además no podemos seguir saliendo a la calle, sobre todo en el conurbano, arriesgando la vida para terminar sabiendo que los chorros y los transas están todos arreglados con la política y la justicia» denuncian. «Al final siempre terminamos siendo nosotros los castigados».
El malestar va subiendo de tono, no son pocos los que hoy afirman que la única forma de ser escuchados es plantarse frente a la sociedad y hacer pública la protesta y los más exaltados hablan de medidas de fuerza y hasta de acuartelamiento.
Lo cierto es que la situación no da para más y que, pese a las reiteradas advertencias del Ministro de Seguridad Sergio Berni al respecto, la administración Kicillof parece no tomar nota de lo que ocurre.
Lo que se parece a jugar con fuego…
