No es bueno confundir mecanismos con resultados, y en ese pecado parece haber incurrido el gobierno al desdeñar el debate como camino necesario para consensuar el nuevo Código Civil
Nadie puede hoy afirmar si la nueva normativa es mala, regular o buena. Y nadie puede hacerlo porque son muy pocas las personas que la conocen en profundidad.
Una vez más el oficialismo impuso «manu militari» sus mayorías automáticas y lamentablemente lo hizo sobre el Código que regla las relaciones civiles entre los sujetos de derecho y que se supone lo hará por muchos años.
Es probable que alguien sostenga que aquellas cosas que resulten ser nocivas o tramposas para la sociedad podrán ser cambiadas por el próximo gobierno. Y ello es tan cierto como que allí radica el principal de los peligros.
Un Código Civil no puede ser cambiado, derogado o ampliado con la irresponsable facilidad con que en la Argentina se tratan las leyes. Muchas de las convenciones que a partir del mismo asumimos con terceros son acuerdos de largo aliento que no es posible modificar en sus reglas de juego en forma continua.
En nuestro país en algún momento convivieron cuatro planes educativos distintos y en la provincia de Buenos Aires tres códigos de procedimiento final diversos.
Y si bien ambas situaciones suponen verdaderos disparates, empalidecen en su efecto frente a la posibilidad de que reformas permanentes en el Código Civil terminen generando una sociedad de personas con diferentes derechos y obligaciones frente a una misma circunstancia.
Un verdadero disparate que indica a las claras la necesidad imperiosa de un debate que verdaderamente nunca existió.
