LA TUYA, LA MÍA, LA NUESTRA

Un informe de la consultora IDESA de cuenta de la distorsión existente en materia de pirámide fiscal en la Argentina. Desde este portal hemos sostenido muchas veces que la muerte del federalismo representa un escollo imposible de superar para construir una república

Una de las principales críticas por partes de las provincias más importantes del país para con el Gobierno nacional es el tema de transferencias de fondos. Ahora, un reciente informe de la consultora IDESA revela que “sólo 1 de cada 3 pesos van a las provincias.

Según el informe, “los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que en el período 1994 – 2000, el 37,9% de los recursos públicos nacionales iban a las provincias, de los cuales 32,0 puntos porcentuales se dirigía por mecanismos automáticos y 5,9% por mecanismos no automáticos”.

Y agrega que “en el período 2001 – 2009, el 36,7% de los recursos nacionales iba a las provincias, de los cuales 27,6 puntos eran automáticos y 9,1 puntos no automático”.

Con respecto a la actualidad, el trabajo señala que “en el período 2010 – 2014, el 35,8% de los recursos nacionales van a las provincias, de los cuales 26,7 puntos son automáticos y 9,1 no automáticos”.

Los especialistas de IDESA sostienen que desde estos datos se destacan tres hechos. “En primer lugar, la desproporcionada cantidad de recursos que capta la Nación ya que apenas 1 de cada 3 pesos de la recaudación se distribuye a las provincias”.

Y prosigue: “En segundo lugar, que esta desproporción no es reciente, aunque se ha profundizado en la última década. En tercer lugar, que es cada vez más preponderante la porción de los recursos que se distribuyen a las provincias por mecanismos no automáticos, es decir, por criterios arbitrarios”.

Como conclusión, desde IDESA sostienen que “lo más importante no es mudar la capital sino terminar con el centralismo. Es decir, volver a los criterios constitucionales de asignación de responsabilidades y distribución coherente de recursos impositivos en función de los roles de cada jurisdicción”.

Y cierra: “El resultado de este proceso debe ser un nivel central concentrado en funciones estratégicas y las provincias y municipios gestionando y rindiendo cuentas por los resultados. Sólo bajo estas condiciones resulta pertinente cambiar la localización geográfica de la capital”.