El intendente Carlos Arroyo quiere meter presos a quienes paseen un perro sin cadena y bozal. Después del papelón del los basurales, no aprendió que la libertad física es un derecho básico.
El gobierno de Carlos Arroyo propuso multar a los propietarios de animales domésticos que no recojan los excrementos de la vía pública -sanción con la que seguramente todos coinciden- y arrestar a quienes no los paseen con correa y bozal, lo que entra en el terreno de un verdadero disparate que seguramente tendrá la misma respuesta legal que desde la gobernadora y hasta el Ministro de Justicia de la Provincia dieron cuando al singular intendente de Mar del Plata se le ocurrió meter presos a quienes tiren basura en la vía pública.
La multa para los que no recojan los excrementos que dejen sus mascotas en la calle está contemplada en la modificación del artículo 17° del Código, lo mismo que la vinculada con la correa y la identificación de los animales.
La norma establece que será penado con multa o arresto de hasta 30 días el propietario o responsable de un can que sea conducido “sin collar, cadena o correa adecuada, bozal e identificación actualizada”.
Si bien la norma debería ser ahora aprobada por el Concejo Deliberante es muy difícil -en una ciudad más seria el término sería imposible- que ello ocurra: es claro que el cuerpo legislativo local no puede resolver nuevas medidas restrictivas de la libertad física de los ciudadanos, más allá de los fijados en la normativa nacional y provincial vigente.
Pero seguramente lo más preocupante es la reiterada demostración de la peligrosa inclinación carcelera de un intendente que cada día parece más inclinado a avanzar en su intención de colocar tras las rejas a la mayor cantidad de marplatenses que pueda.
¿No se le está yendo la mano?…
