Un nuevo apoyo recibió el juez de la Corte, y esta vez provino de una de las instituciones más prestigiosas de la república. La Academia Nacional de Derecho habló de «presiones ilegítimas».
Se trata de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires que pidió hoy «sensatez republicana» a los ciudadanos y a sus representantes políticos, y manifestó «su profunda preocupación» por «el grave daño institucional» que generan las «presiones ilegítimas» sobre el Poder Judicial y, en particular, sobre la Corte Suprema y el ministro Carlos Fayt.
«Resulta evidente que, ciertos sectores políticos, aspiran a provocar la renuncia o remoción del juez Fayt. Lo primero, mediante el agravio personal y discriminatorio con la esperanza de mellar la fortaleza anímica del destinatario acarreando su apartamiento voluntario del cargo, considerando su estado de salud física que, en modo alguno, le impide ejercer eficientemente la función que desempeña, merced a su indiscutible aptitud intelectual», dijo la Academia en un comunicado,
En el mismo, detalló que quienes ejercen las presiones que se denuncian son «algunos funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y legisladores nacionales», a quienes acusó de «vulnerar los límites» a la hora de «descalificar arbitrariamente, de manera grosera y sin el menor reparo impuesto por la honorabilidad, a un magistrado judicial».
Según puntualizó, «en una república democrática, cabe exigir a los ciudadanos y a los funcionarios públicos que los representan, que guarden el debido respeto hacia las autoridades en general».
Puntualmente, el comunicado marcó que es «lo que acontece con la insólita avanzada que se desarrolla en perjuicio» del decano de la Corte, el ministro Fayt, a partir de «la pretensión de verificar su idoneidad para el cargo que desempeña, sobre la base de arteras e inaceptables presunciones». Para la Academia, ello «resulta insostenible en el ámbito del Estado de Derecho que impone nuestra Ley Fundamental».
El comunicado recordó además que los procedimientos para promover un juicio de remoción para un magistrado de la Corte requieren pasos previos y las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional y también que en el caso de Fayt no aplica el tope de 75 años previsto en la reforma de 1994 y que así lo dispuso la Corte.
