El decreto lo firmó el presidente de esa región, Artur Mas, para definir si los ciudadanos quieren la soberanía. España ya anticipó que impugnará la convocatoria y la ley del Parlamento en que se basa, al considerar que son inconstitucionales.
El Gobierno de España ya ha anunciado que impugnará la convocatoria de esta consulta y la ley del Parlamento catalán en que se basa, al considerar que son inconstitucionales.
El secretario del Gobierno autónomo, Jordi Baiget, leyó antes de la firma un extracto del decreto de la convocatoria, que llama a los catalanes a «decidir su futuro» el 9 de noviembre en una consulta en la que se les preguntará sobre si quieren que Cataluña sea un estado y si éste debe ser independiente.
En el acto estuvieron presentes el Gobierno catalán en pleno y la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, además de los dirigentes de la mayoría de los partidos que apoyan la consulta.
En una alocución tras la firma, Mas aseguró que el decreto marca un «antes y un después», pero a la vez tendió la mano al Gobierno de España para negociar las condiciones de la consulta.
«Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada y quiere votar», dijo Mas, quien recalcó: «Estamos abiertos a pactar las condiciones para hacer posible la consulta hasta el último momento, pero no podemos caer en la trampa del inmovilismo vestido de una presunta legalidad».
