Este lunes se cumplen 4 meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman y aún se desconocen cuestiones tan básicas como la hora de su muerte y si la misma se trató de un suicidio o un asesinato.
Las pesquisas parecen estantaladas pero la que lleva adelante la fiscal Viviana Fein estaría decididamente enfocada en la hipótesis del suicidio, que también intentó instalar el Gobierno nacional hasta que Cristina Fernández cambió por la sospecha del homicidio para perjudicar a su Gobierno.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publica este lunes un artículo sobre el estado de la causa por la muerte de Nisman al cumplirse otro mes de su deceso, que incluye una entrevista con la juez Arroyo Salgado, ex pareja del fiscal al mismo tiempo que recuerda también el avance del Gobierno sobre la Justicia y recuerda que “Argentina se encuentra en el puesto número 127 entre 144 países en la clasificación del Foro Económico Mundial sobre independencia de la Justicia”.
A continuación el texto de la nota publicada hoy en The Wall Street Journal:
En las primeras horas del 19 de enero pasado, Sandra Arroyo Salgado recibió una llamada telefónica en su habitación del Hotel Saint Dominique en París. Era el guardaespaldas de Alberto Nisman, el fiscal más conocido de Argentina y el padre de sus dos hijas. El guardaespaldas le dijo que Nisman había sido encontrado muerto en su departamento con un disparo en la cabeza.
Todavía sacudida por el horror, Arroyo Salgado comenzó a llamar frenéticamente a funcionarios argentinos. Como jueza federal, sabía muy bien de qué manera las investigaciones judiciales podían echarse a perder. Quería impedir que la autopsia tuviera lugar antes de que ella volviera a Buenos Aires.
La jueza tenía buenos motivos para sospechar. Nisman, que había sido su pareja por años, tenía previsto presentarse pocas horas más tarde ante el Congreso argentino para acusar a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de conspirar para encubrir la presunta participación de Irán en el atentado de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA, en el que murieron 85 personas. Nisman había recibido numerosas amenazas de muerte.
La jueza Arroyo Salgado no confiaba que las autoridades descubrieran qué había sucedido realmente y puso en marcha su propia investigación. “Yo necesito saber la verdad para darles una respuesta a mis hijas”, dijo en una entrevista reciente.
Equipos de investigación rivales contribuyeron a transformar el caso en una novela policial que ha atrapado la atención del país. No han podido llegar a un acuerdo ni siquiera en hechos tan básicos como el momento de la muerte. Tampoco han dado respuesta a la pregunta más importante: ¿Nisman se suicidó o fue asesinado?
Arroyo Salgado no logró posponer la autopsia. El investigador principal del gobierno dijo casi de inmediato que el informe del examen post mortem había sido “categórico” al determinar que Nisman se había quitado la vida con una pistola prestada, una Bersa calibre 22. Dos pruebas, sin embargo, demostraron que no había rastros de pólvora en la mano con la que supuestamente el fiscal habría disparado el arma.
El equipo de Arroyo Salgado no aceptó el escenario de un suicidio. En un informe de 93 páginas afirmó que Nisman fue asesinado por un disparo efectuado desde atrás mientras estaba apoyado con una rodilla en el piso de la bañera. El informe, al que tuvo acceso The Wall Street Journal, dice que las pruebas químicas mostraron que alguien pudo haber lavado sangre de un grifo cerca del cadáver, aunque una prueba similar, realizada posteriormente por el equipo judicial a cargo de la investigación, planteó dudas al respecto.
Arroyo Salgado dice que las autoridades no permitieron que su equipo tomara pruebas de sangre en otras partes de la escena del crimen o que analizara la pistola que lo mató. También afirma que las autoridades arruinaron el caso desde el principio al permitir que decenas de personas, incluyendo periodistas y el Secretario de Seguridad del gobierno nacional, contaminaran la escena caminando por todas partes sin equipo de protección. En un momento dado, agrega, hasta la angustiada madre de Nisman pidió que le dejaran lavar unos platos para ordenar un poco la casa.
Casi cuatro meses después de la muerte de Nisman a la edad de 51 años, todavía hay más preguntas que respuestas. Las encuestas muestran que la mayoría de los argentinos opina que fue asesinado, pero pocos creen que el caso será resuelto.
“Si la investigación determina que fue un homicidio, la sociedad no lo va a creer. Si dice que fue un suicidio, tampoco lo va a creer porque todo esto ha sido manoseado y sigue siendo manoseado”, dice Luis Kvitko, médico forense argentino y consultor internacional de escena del crimen que no está involucrado en el caso.
La reacción del público ha pasado de la conmoción y la indignación por la muerte de Nisman al rechazo cínico del sistema judicial. Los tribunales argentinos están politizados desde hace mucho tiempo, pero bajo la presidencia de Cristina Kirchner se han convertido en un polarizado campo de batalla. Los críticos de la mandataria la acusan de haber llenado juzgados y fiscalías con funcionarios leales al gobierno. La presidenta, que debe dejar su cargo en diciembre, ha dicho que el Poder Judicial necesita ser purgado de intereses creados.
El mes pasado, un fiscal archivó la investigación sobre las acusaciones de Nisman, según las cuales Fernández de Kirchner había conspirado para encubrir el presunto rol de Irán en el atentado de 1994, el peor ataque antisemita desde la Segunda Guerra Mundial. El fiscal, Javier De Luca, es miembro de Justicia Legítima, una agrupación de abogados y jueces favorables al kirchnerismo.
De Luca tomó su decisión —que él dijo que se basó estrictamente en la ley— pese a que otros dos fiscales y un juez pidieron que se abriera una investigación formal. Expertos jurídicos dicen que, salvo que haya una apelación sin precedentes ante la Corte Suprema, su medida probablemente significa el fin del camino para las acusaciones de Nisman.
