La justicia procesó al hasta hoy intocable Omar «Caballo» Suarez, dirigente máximo del SOMU, y el gremio se dispone a tomar medidas de fuerza para defenderlo.
Omar “Caballo” Suárez, secretario General del Sindicato Obrero Marítimos Unidos (SOMU) fue procesado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por el delito reiterado de entorpecer la navegación de buques que pretendían amarrar en el puerto de Buenos Aires.
El magistrado ordenó además trabar embargo sobre los bienes de Suárez hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ) que difundió los alcances del fallo.
Como respuesta a la resolución judicial, sorpresivamente el SOMU comenzó a aplicar una medida de fuerza a partir del día sábado, trabajando a reglamento en los servicios de remolque, que afectó el normal funcionamiento de la terminal porteña.
Si bien en un principio se especuló con la posibilidad de que la medida se traslade a otros puertos y a otras flotas, fuentes consultadas en Mar del Plata aseguraron que en la actividad pesquera el ritmo de trabajo era el normal.
Según la resolución de Canicoba Corral, en la causa también fueron procesados otros compañeros de Suárez, como Rigoberto Reymundo Suárez Cardozo, secretario de Sección Cubierta del SOMU y Jorge Agustín Vargas, secretario de Relaciones Laborales.
Los procesamientos se dictaron por impedir al buque “Kota Lawa”, de Singapur, obtener asistencia de dos remolcadores que tripulaban marineros del SOMU y haberle negado el servicio de remolque al buque “Anabisetia S” y su barcaza “Agedelta”, ambos de bandera paraguaya, para ingresar al espigón de Terbassa, del puerto de Buenos Aires.
El magistrado además investiga a Suárez por extorsión. El fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, presentó pruebas que confirmarían que desde el SOMU se forzaba a las empresas marítimas a aportar fondos a una fundación ligada al gremio a cambio de no bloquear la entrada de los buques.
Según se desprende de la causa, Suárez actuaría en los puertos con el visto bueno de la Administración General de Puertos, que le cedería un terreno al sindicato en Puerto Madero para que expanda sus actividades.
A principios de mes Suárez se negó a declarar ante el juez y presentó un escrito en el cual negó las imputaciones. “Se denunció que parte de tales actitudes estarían relacionadas con la negativa de algunas compañías a realizar donaciones, liberalidades y otras contribuciones monetarias que serían ilegítimamente exigidas por el SOMU con el pretexto de campañas de capacitación para sus afiliados. De este modo, el dinero obtenido sería ingresado a la Fundación Azul, del sindicato, y, desde allí, derivado a la empresa Marítima San Jorge”, argumentó el fiscal.
Fuente: Revista Puerto
