El viceministro de Salud, Daniel Gollan, aseguró que el Ejecutivo busca que las personas que se someten a la operación eviten prácticas ilegales que son nocivas.
Luego de que se conociera que el kirchnerismo presentó en la Legislatura porteña y en la Cámara de Diputados, proyectos para otorgar subsidios mensuales de $8000 para travestis y transexuales, el viceministro de Salud de la Nación, Daniel Gollan, dijo que el Estado pondrá un hospital público para evitar prácticas e intervenciones quirúrgicas ilegales que provocan la muerte.
«En la Argentina son unas 2 mil personas aproximadamente las que debemos abarcar con la ley de Identidad de Género, evitando una serie de procedimientos, en búsqueda de su identidad, que a veces no son adecuados y generan pérdida de calidad de vida e incluso muerte», explicó el funcionario.
En un reportaje con Jorge Rial en Radio La Red, Gollan expresó una visión algo distinta al proyecto presentado por María Rachid, quien planteó un subsidio de $8 mil mensuales. «Nosotros queremos garantizar que la gente tenga las prótesis adecuadas (para cambiarse de sexo), que sean seguras», agregó.
«El Estado está procurando evitar que la gente muera por esta causa», insistió y adelantó que el Gobierno «pondría un hospital público para que no se terminen inyectando silicona industrial y se mueran».
Gollan admitió además que «las personas trans lamentablemente tienen una expectativa de vida de entre 37 y 42 años, porque tienen una vida muy difícil. Ese es un lugar donde tenemos que poner fuertemente el ojo».
En este sentido, el funcionario del área de salud reiteró que «se está reglamentando una ley que le da una serie de derechos a este grupo que es reducido, pero no por eso menos importante, para darles una solución» a sus demandas.
Ayer, se conoció que la legisladora Rachid presentó un proyecto en el que establece que recibirán un subsidio travestis y transexuales que residan en la Ciudad de Buenos Aires, que tengan más de 40 años y hayan realizado el cambio de DNI como establece la ley 26.743, sancionada en mayo de 2012.
