Benefició a las mineras, benefició a los bancos, defendió al juego más allá de toda lógica. Y pretendió que aún más trabajadores pagasen ganancias de su sueldo. ¿Y ahora?; Macri quedó solo.
En lo que fue un traspié para el Gobierno, y una victoria del massismo y el kirchnerismo, la cámara de Diputados aprobó anoche con 140 votos positivos, 86 negativos y 7 abstenciones el proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias presentado por la oposición, el cual prevé un mínimo no imponible de 44.000 pesos para los trabajadores casados con dos hijos.
La iniciativa, analizada en el marco de una sesión convocada en el marco del período extraordinario, fue sancionada en general con 140 votos afirmativos, 86 negativos y 7 abstenciones, tras fracasar el intento del oficialismo de imponer la propuesta del Ejecutivo.
De esta manera se impuso la propuesta alternativa en base a lo elaborado por el Frente para la Victoria y el Frente Renovador.
En la votación en particular, donde la oposición se impuso por 141 votos positivos, 84 negativos y 3 abstenciones, los sanjuaninos José Luis Gioja y Daniela Castro se abstuvieron en el artículo que deja sin efecto la reducción de los derechos de exportaciones de las mineras.
ACALORADA SESIÓN
Silbidos, gritos, discusiones, chicanas y rencores. El maratónico debate por el Impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados tuvo como condimento especial algunos cruces entre legisladores oficialistas y opositores.
«Pareciera que quieren separar a los peronistas de Cambiemos, pero les recuerdo que ellos tienen en la mochila a algunos peronistas que es mejor olvidar», dijo la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño.
EMERGENCIA SOCIAL
Además, La Cámara de Diputados aprobó anoche por amplia mayoría y giró al Senado el proyecto de Emergencia Social que fue consensuado entre los distintos sectores del cuerpo con las organizaciones sociales.
La propuesta, que prorroga la emergencia social hasta diciembre de 2019, fue sancionada con 227 votos afirmativos, uno negativo y 4 abstenciones.
La iniciativa habilita al jefe de Gabinete a reestructurar partidas presupuestarias por 30.000 millones de pesos y también prevé la creación del «Consejo de la Economía Popular y el Salario Social», como así también el «Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)».
EL DEBATE
La jefa del bloque por el Frente Renovador, Graciela Camaño, sostuvo que «el proyecto es el mea culpa más vergonzoso de la política porque estamos reconociendo que hay millones de compatriotas que están en la economía informal y es un título elegante para decir que hay millones de compatriotas que se la rebuscan para sacar su familia adelante».
En el inicio del debate, el macrista Luciano Laspina sostuvo que la normativa «viene a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles» al tiempo que remarcó que no se trata de «una ley de emergencia en contra de nuestro gobierno».
«Nos encontramos hoy con una pobreza que según el nuevo INDEC ronda el 32 por ciento de los argentinos», dijo e insistió en que «hemos heredado una crisis social dramática» de la que, resaltó, «nos hacemos cargo como gobierno».
El massista y representante de la actual conducción de la CGT Héctor Daer le advirtió al oficialismo que «no es el camino a la pobreza cero el que encaramos», y llamó a poner fin al «asistencialismo de los planes sociales».
En tanto, su compañero de bancada Facundo Moyano transmitió que esta ley debe ser «un pasaje a la formalidad laboral y el trabajo registrado».
Néstor Pitrola, representante del Frente de Izquierda, manifestó su rechazo al acuerdo político con movimientos sociales que avalan la prórroga de la Emergencia Social con el argumento de que la ley nace «bajo el trauma del argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001» y aseveró que el pacto convalida «una red de precarización laboral».
El diputado y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, apuntó que «nacimos como piqueteros porque no había posibilidad de hacer huelga» y resaltó que «esta ley viene a plantear» el reclamo de los sectores sociales sobre «la necesidad de darle poder a los pobres».
Pablo Kosiner (bloque Justicialista), reflexionó que «el salir de la emergencia social depende del impacto de las políticas de gobierno» y consideró que en la actualidad «estamos hablando de emergencia social porque han cerrado más de 2500 empresas, porque ha habido 140 mil despidos».
