(Escribe Adrián Freijo) – Una historia de poder, dinero, espionaje y muerte que no pasaría se novela mediocre si no tuviese como protagonista al poder de la república.
Todo comenzó hace un tiempo cuando fue baleado el auto de Javier Fernández, ex secretario letrado de la Corte Suprema y hoy Auditor General.
Fernández no era un funcionario más ni se trató de otro caso de inseguridad de los muchos que impactan en la opinión pública día a día. La víctima ocupaba hasta ese momento un lugar privilegiado en la consideración de la Presidente, quien le consultaba cada paso que pretendía dar en su siempre toruosa relación con el Poder Judicial.
Aparece en este punto en la escena otra figura fundamental de esta trama –como lo ha sido desde hace muchos años en todas las tramas oscuras que se tejieron desde la Casa Rosada- que no es otro que el ahora ex Director de Operaciones Jaime Stiusso.
Con el apoyo de Stiusso, Fernández se atrevió en su momento a plantearle a Cristina su desacuerdo con la colonización del Poder Judicial que hasta con torpeza se intentaba desde el gobierno.
Tras el ataque, fuentes de inteligencia le dijeron a la embajada americana que el operativo fue concretado por una patota muy cercana a Carlos Zannini, el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia y al jefe del Ejército, Teniente General César Milani.
Preguntados por si interlocutor de la legación diplomática acerca de quien había dado la orden se limitaron a decir que fue alguien “por encima de Zannini y Milani”.
Neutralizado Fernández, a quien teóricamente se lo ”promovió” al cargo de Auditor General con la orden de dar vía libre a todas las causas que pudiesen comprometer administrativamente al gobierno, Stiusso fue convocado a la Secretaría General por Carlos Parrili quien, sin más ni más, le comunicó que Cristina quería “que le sacase a Bonadío de encima”.
Cuando el espía preguntó por los alcances de esa solicitud el funcionario se levantó de su asiento, se acercó a la puerta con claras intenciones de terminar con la reunión y despidió a la visita diciéndole tajante “vos sacáselo de encima”.
Por esas horas la misma conversación se repetía en Olivos, sólo que allí era la propia Cristina la que le solicitaba lo mismo al Subsecretario Francisco Larcher, hasta hace poco su verdadero hombre de confianza.
Larcher, a diferencia de Stiusso, no preguntó nada y se dirigió rápidamente a su despacho. Quería encontrarse con su colega y preguntar acerca de esos alcances que a ambos preocupaban.
Tras un largo intercambio de opiniones, en general coincidentes, concluyeron que no era ni el momento ni el camino correcto atacar a un magistrado al que hoy protege la oposición, la embajada norteamericana y sobre todo el Papa Francisco que periódicamente pregunta por su integridad.
Le comunicaron la decisión a su jefe formal Héctor Icazuriaga, que nada sabía de las reuniones y las órdenes presidenciales, quien tras la sorpresa se dirigió a Olivos para expresarle a la jefa de estado su malestar por haber sido puenteado y la decisión de sus teóricos subalternos.
Lo demás es conocido; los tres fueron eyectados de la SI y Carlos Parrili fue designado como jefe del organismo.
¿A qué fue Parrili a la SI?, ¿a cumplir la orden de Cristina de “sacarle de encima” a Bonadío?.
De ser así…¿qué se entiende por “sacar de encima” al juez?, ¿recibirá el magistrado la misma “visita” que un tiempo antes recibió Javier Fernández?.
Pero si algo es sabido es que Bonadío puede tener mil carencias pero si hay algo que no puede endilgársele es que sea cobarde o “apretable”. Y que si las famosas carpetas de la prostibularia inteligencia argentina tuviesen alguna cosa que mostrar, ya lo habrían hecho hace tiempo.
¿Entonces?…si no se lo puede asustar y tampoco extorsionar…¿cuál es el alcance de la orden de Cristina?.
Nadie lo dice en voz alta pero muchos que recuerdan la sospechosa muerte del empresario Raúl “Cacho” Espinosa, quien había denunciado al matrimonio Kirchner y a De Vido por corrupción en el caso de la entrega de permisos de pesca a la firma CONARPESA, estrechamente vinculada a ellos y principal sponsor de su campaña.
También entonces una patota operó en el crimen y poco después secuestró al conjuez que actuaba en la causa Juan Meani, luego de ordenar el pedido de captura internacional del propietario de la empresa Fernando Álvarez Castellano, profugazo cuando fuera denunciado por organizar el asesinato de Espinosa.
Meoni renunció, la captura quedó sin efecto…y nunca se supo quien mandó matar a quien había denunciado a los Kirchner y a De Vido.
Tal vez por esos antecedentes, y por visiones de la vida como instrumento del poder que vienen desde hace cuatro décadas, es que la Embajada de EEUU ha dispuesto un operativo especial tendiente a cuidar a Claudio Bonadío de cualquier imprevisto.
Porque nadie sabe cual puede ser la reacción de un poder investigado y sin respuestas legales y lógicas a un enriquecimiento que ahora entronca con el lavado de dinero.
Y con casi todas “las pilas de los timbres que quiere apretar”…cada vez más secas.
