Las débiles explicaciones del intendente acerca de lo ocurrido no hacen otra cosa que poner en evidencia las responsabilidades y sospechas que le caben. Detalles de un negocio turbio.
Una oscura historia de intereses económicos y políticos se esconde detrás de la previsible tragedia de Olavarría. El intendente macrista Ezequiel Galli creyó estar ante una oportunidad dorada para capitalizar el desembarco en Olavarría de la marea humana que suele convocar el Indio Solari.
El predio donde se realizó el recital está bajo concurso y la Municipalidad realizó gestiones ante la jueza a cargo de la causa para que lo habilite, afirmaron a LPO fuentes al tanto de lo ocurrido.
La grave irregularidad revela una trama de negociados que apuntan directamente a Galli y podrían derivar en su juicio político en el Concejo Deliberante. Es que el predio se alquiló por la ridícula suma de 300 mil pesos, es decir un peso por persona que asistió al recital pagando entradas que costaban 800 pesos.
El predio se alquiló por la ridícula suma de 300 mil pesos y el intendente no sólo puso a la Municipalidad como garante, sino que además se comprometió a pagar su acondicionamiento para que se realice el show.
Pero la situación es incluso más grave. Galli según consta en el expediente judicial puso a la Municipalidad como fiadora ante el juzgado y lo hizo sin autorización del Concejo Deliberante, lo que era necesario porque esa decisión compromete el patrimonio del municipio.
Con la previsible tragedia, ahora el Municipio de Olavarría que mediante estas maniobras de Galli se involucró directamente en la organización del recital, podría enfrentar reclamos por daños civiles que el intendente debería responder personalmente, porque comprometió a su Ciudad sin autorización del Concejo.
El predio concursado pertenece a la Cooperativa Agraria Limitada y se lo conoce bajo el nombre «La Colmena», según consta en el expediente del concurso que está a cargo de la titular del juzgado en lo Civil y Comercial número 2 del Departamento Judicial de Azul, María Hilda Galdós.
Esta jueza fue la que negoció con la organización del Indio Solari, que se presentó para alquilar el predio bajo la razón social «En Vivo SA», representado por su apoderado, Marcos Estanislao Peuscovich.
Se trata de un predio de 605,80 metros, por 574,20 metros, el que se desbordó de gente en una búsqueda de lucro desaforado, que terminó como terminó.
En el acuerdo sellado ante sede judicial queda clarísimo que la Municipalidad gestionó junto a la productoral del Indio el uso del predio, casi como si fueran socios. «Acá corrió mucha plata por debajo de la mesa», afirmó una fuente al tanto de las negociaciones.
Al punto que la Municipalidad se comprometió a acondicionar el predio, aportando los recursos «materiales y humanos» para que se pueda concretar el show. Pero no sólo eso, en la cláusula novena del acuerdo, Galli pone al municipio como «fiador» de las obligaciones de la productora. Una verdadera locura.
