Para referirse a la cuestión fiscal de la provincia de Buenos Aires y, concretamente a la importancia que adquiere el Presupuesto, es necesario previamente considerar algunos datos que permitan establecer un marco de referencia en cuestiones macro fiscales
En principio, es preciso enunciar que la Provincia concentra el 39% (treinta y nueve por ciento) de la población del país, aporta el 39% (treinta y nueve por ciento) del PBI y tiene el 34% (treinta y cuatro por ciento) de la población con necesidades básicas insatisfechas.
Partiendo de estos datos es oportuno señalar que las decisiones que se adopten en materia fiscal deben estar orientadas a compensar los desequilibrios estructurales en una Provincia con diversidad de problemáticas y características, pero que, sin embargo, requiere garantizar la prestación de los servicios esenciales e indelegables como responsabilidad primaria del Estado, y de atender un creciente número de demandas sociales.
Por otro lado, es primordial considerar que no sólo es importante impulsar el crecimiento económico, sino que también es prioritario para que exista un progreso sustentable crear condiciones que aseguren un verdadero proceso de inclusión social. Es por eso que se debe impulsar un proceso de desarrollo que, con una visión integral y de equilibrio, apunte a minimizar asimetrías, logrando un sistema más equitativo, participativo y con justicia social.
Asimismo resulta imprescindible sostener una mirada estratégica de mediano y largo plazo que permita una asignación de recursos de manera planificada acorde a las metas de inclusión social antes mencionadas.
Desde nuestro punto de vista, en el actual escenario mundial el desafío para América Latina en general, y la Argentina en particular, pasa por sostener los niveles de actividad y empleo, con medidas contracíclicas, fundamentalmente en el terreno fiscal, que posibiliten impulsar la demanda agregada. El impulso fiscal de 2008-2009 fue determinante para alcanzar el fuerte crecimiento observado en el bienio 2010-2011, por ejemplo.
Hoy existen certezas que marcan que al deterioro coyuntural de la economía mundial se le agrega la asfixiante presión de los fondos buitre y de sectores concentrados del capitalismo internacional, que condicionan -o buscan hacerlo- la estrategia de desendeudamiento y planificación para el desarrollo de los gobiernos nacional y provincial.
El dinamismo de los mercados internos, base de sustentación del crecimiento del último decenio, y la ausencia de situaciones de fragilidad financiera o de elevados niveles de endeudamiento que caracterizaron a la región en los años ochenta y noventa, habilitan a pensar los lineamientos presupuestarios con otro margen de maniobra en el espacio de alta política nacional y provincial.
El Presupuesto debe ser formulado siguiendo un criterio eminentemente social, entendiendo que la asignación de los recursos muestra claramente cómo se constituye el Estado, cuál es su rol en la sociedad. Por lo tanto, el Presupuesto debe ser el instrumento por excelencia para administrar recursos escasos y asignarlos de manera que generen soluciones estructurales y beneficien a la mayoría de los habitantes.
La responsabilidad del gobierno que formula el Presupuesto debe ser la de aumentar la oferta de bienes colectivos a partir de una política tributaria progresiva y equitativa, y la implementación de medidas compensatorias para que nadie quede excluido de los beneficios. No se podrían alcanzar las metas que un Presupuesto plantea sin una política tributaria acorde a tales objetivos, por cuanto dicha política es esencial y constituye la fuente de recursos del Estado.
Por Darío Golía – Diputado provincial por el FpV y presidente de la Comión de Presupuesto de la Cámara baja
