Los gobernadores empezaron a ceder ante la presión de los intendentes desesperados por fondos y pusieron en marcha el rediseño de la coparticipación local, con lo que ensayan modelos para tratar de discutir la cuestión a nivel nacional en 2015
El fin del mandato de Cristina Kirchner y lo que analistas ven como el «fin de ciclo» kirchnerista predisponen a los gobernadores a discutir lo que no pudieron en los últimos veinte años porque ninguno logró instalarlo ante la negativa
de la Casa Rosada.
Los jefes provinciales tienen algo claro: cuanto menor sea el porcentaje de Coparticipación Federal, mayor es la
dependencia política; y tras sufrirlo, no quieren que sus sucesores lo vivan con el futuro Presidente.
Daniel Scioli (Buenos Aires), Francisco Pérez (Mendoza), José Manuel de la Sota (Córdoba), Antonio Bonfatti (Santa Fe), Ricardo Colombi (Corrientes), Martín Buzzi (Chubut) y Maurice Closs (Misiones) quieren discutirlo en 2015.
Ya en 2010, el salteño Juan Manuel Urtubey y el entonces gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, le acercaron dos proyectos a la jefa de Estado para barajar y dar de nuevo, pero jamás hubo respuesta alguna.
También en ese año, el neuquino Jorge Sapag había reclamado por carta la Presidenta discutir la Coparticipación Federal, cuando no lograba aumentar el precio del gas, pero desde la Casa Rosada le respondieron que no era el momento.
Los intendentes presionan porque están contra la pared: les bajó su recaudación propia, aumentaron los salarios, otros costos operativos crecen al ritmo de una inflación del 40% anual y las transferencias que reciben de sus respectivas provincias y la Nación no caminan ahora al mismo ritmo.
Y esas presiones se trasladan a los gobernadores, quienes desde 2007 vieron crecer los ingresos propios y las transferencias nacionales en el orden del 150 por ciento, mientras sus envíos a los municipios aumentaron un 260 por ciento promedio en ese tiempo, lo que elevó con fuerza el déficit fiscal y redujo el margen de maniobra.
Las transferencias a provincias se expandieron 32,2% durante agosto último, en línea con lo observado en los últimos tres meses (31,9 por ciento promedio): son casi diez puntos menos que la inflación real.
Y el Fondo Sojero, uno de los mecanismos de transferencias automáticas para obras públicas en los municipios, cayó un 25% en agosto y cortó una racha de 16 meses de crecimiento.
Ocurre que los productores retienen la cosecha ante las expectativas de una aceleración devaluatoria en el corto plazo, no venden y el Estado no recauda; y eso golpea a los intendentes.
–UNA LEY QUE LA ROSADA NO CUMPLE-–
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En el año de cambio de Gobierno habrá algo para discutir: en 1988, la Nación repartía 54,66% de los fondos vía coparticipación a las provincias y administraba sólo el 42,34%, como lo ordena la ley 23.548, pero eso cambió sensiblemente durante los años ’90.
Y la tendencia se agravó desde 2010 hasta ahora dado que sólo el 35,8 por ciento de los recursos nacionales van a las arcas que controlan los gobernadores, de los cuales 26,7 puntos son automáticos y 9,1 discresionales.
La concentración de la administración en la Casa Rosada potenció el poder de los presidentes democráticos desde 1983 porque aumentó la dependencia económica de las provincias al buen humor y la orientación política de los interesados.
La Reforma Constitucional de 1994 obligó a lograr la aprobación del Congreso nacional y de las provincias de un nuevo régimen antes del fines de 1996.
La falta de acuerdo político para aprobar una reforma por unanimidad impidió cumplirlo y recién ahora los gobernadores están ensayando en las provincias ideas para luego proponer el debate a nivel nacional.
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–ENSAYO LOCAL–
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Uno de los innovadores fue el chubutense Martín Buzzi, quien citó a los intendentes y les comunicó su proyecto de un nuevo régimen de actualización de los índices de coparticipación a los municipios, tomando como referencia el Censo 2010, y recibió apoyo y resistencias.
Los indicadores no eran tocados en Chubut desde 1980: «Después de 34 años nos volvemos a sentar todos los intendentes alrededor de la misma mesa para discutir la coparticipación. Es histórico», opinó el jefe comunal de Gobernador Costa, Masiel Carrasco.
Pero donde unos ganan, otros pueden perder: la intendenta de Rawson, Rosana Artero, dijo que no firmará el acuerdo porque la iniciativa hace perder «unas centésimas» a la capital provincial y ella no está dispuesta a «regalarle nada a nadie».
El correntino Ricardo Colombi también prevé barajar y dar de nuevo, aunque él entregó la misión a la Legislatura provincial, donde el oficialismo intentará aprobar la iniciativa el jueves de la próxima semana.
La ley que promueve el radical establece el 1% adicional de aportes permanentes de fondos provinciales para obras de infraestructura a distribuirse entre los municipios, anticipando el freno que sufrirán en 2015 las transferencias automáticas.
El bonaerense Daniel Scioli es uno de los gobernadores que desde el inicio de su gestión asegura que hay que rediscutir la coparticipación a nivel nacional según los nuevos datos poblacionales: Buenos Aires aporta 4 de cada 10 pesos a la recaudación nacional, pero recibe sólo 1,9 pesos.
Desde el alfonsinismo en los años 80 cuando se sacrificó en beneficio de otras jurisdicciones, Buenos Aires tiene un
coeficiente de distribución muy bajo que no guarda ninguna relación con indicadores objetivos: 20% por todo concepto cuando cuenta con el 39% de la población y casi el 36% del PBI nacional.
Un indicador clarifica la brutal desproporción en el reparto de los fondos coparticipables: Buenos Aires recibe 1.865 pesos por habitante; Tierra del Fuego, en cambio, recibe 14.559 pesos por personas y tiene sólo el 0,3% de la población.
Pero lo urgente indica que el intendente de San Pedro, Julio Moisés, le envió una carta a Scioli para que le asegure al menos por seis meses la transferencia de los fondos del 1 al 5 de cada mes debido a que tiene problemas financieros que no le permiten cumplir con los salarios en tiempo y forma.
El mendocino Francisco «Paco» Pérez también tiene en carpeta promover cambios en la coparticipación municipal y le prometió a los intendentes que intentará sumarse a otras provincias a fin de aunar esfuerzos e instalar el debate de las asimetrías a nivel nacional.
Buenos Aires, NA.
