(Escribe Sergio Rubin – Valores Religiosos) – Por el lado que se lo mire, la relación entre el Gobierno y la Iglesia se está volviendo a deteriorar. Después de la ostensible mejora tras la elección de Jorge Bergoglio como Papa, tras casi una década de roces y tensiones, empezaron a acumularse en las últimas semanas una serie de episodios que revelan un nuevo deterioro del vínculo, aunque -al menos todavía- no tan importante como en el pasado. Lo curioso es que los cortucircuitos fueron generados por la Casa Rosada, justo cuando el segundo mandato de Cristina Kirchner está entrando en la etapa final, en medio de crecientes difucultades económicas y sociales, y cuando el papel apaciguador de la institución eclesiástica puede resultar de gran utilidad.
Entre los últimos incidentes se cuenta la réplica del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a las cifras sobre la situación social que brinda periódicamente el Observatorio para la Deuda Social de la Universidad Católica Agentina. En verdad, Capitanich ya había cuestionado las mediciones el año pasado, pero ante la difusión de los últimos guarismos, en junio, directamente las tachó de tener «graves inconsistencias metodológicas», sin ruborizarse por lo desacreditado que están los números del INDEC. El rector de la UCA, monseñor Víctor Manuel Fernández, debió salir a defender la seriedad de los relevamientos. Para Fernández, a algunos les molesta que se cuantifique una realidad dolorosa.
Otro factor de discordia fue la revelación del vocero de la Conferencia Episcopal, padre Jorge Oesterheld, con ocasión de la última reunion de la comisión permanente de obispos, en el sentido de que éstos están preocupados por las crecientes suspensiones y despidos en diversas empresas del país. De nuevo, fue Capitanich quien salió al cruce del señalamiento eclesiástico. Pero esta vez no apeló a una inconsistente desacreditación técnica, sino a un argumento totalmente falaz. «Estoy esperando que los obispos se pronuncien sobre los fondos buitres», disparo. Pero el Episcopado ya se pronunció hace un mes en un comunicado, como le recordó Oesterheld.
Finalmente -y sin ánimo de mencionar todos los episodios-, no puede omitirse la intención del Gobierno de promover la despenalización de las drogas. Es conocida la posicion contraria de la Iglesia, del Papa para abajo. Y si bien toda sociedad democrática tiene derecho a darse este como otros debates, sorprende que la Casa Rosada quiera poner el tema en discusión en momentos en que se agravan los problemas económicos y sociales. Y en el contexto de una sostenida expansion del narcofráfico en el país -creció fuerte durante este Gobierno- sin que desde el Estado se estén dando respuestas contundentes y eficaces.
Por lo demás, al Gobierno le molesta que el Papa haya dado «su apoyo moral» a jueces que tienen resonantes causas de corrupción que involucran a conspicuos miembros del oficialismo, como Ariel Lijo, que tras visitar a Francisco en elVaticano, procesó al vicepresidente Amado Boudou. ¿Acaso, pues, se está a las puertas de un distanciamiento sin retorno entre la Casa Rosada y la Iglesia? Las principales diferencias con una década, cuando el Gobierno decidió poner en la lista de enemigos a la Iglesia, es que entonces estaba fuerte y no había un argentino muy popular en el trono de Pedro.
En definitiva, no se entiende por qué el Gobierno vuelve a confrontar con la Iglesia.
