Cuestionan el ingreso de empleados al Estado. Reconocen que es habitual de los partidos que ostentan el poder, pero advierten que se tornó abusiva en el gobierno kirchnerista.
Casi transversalmente, la Iglesia puso el dedo en la llaga en un tema espinoso como es la designación abusiva y desmesurada de militantes oficialistas en la administración pública nacional. Una práctica habitual de los partidos que ostentan el poder, pero que toma fuerza insostenible en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández.
Un único párrafo, pero llamativo, en el último documento del Episcopado sobre el año electoral evidencia un cuestionamiento puntual de los obispos al ingreso irrestricto de empleados a la planta del Estado.
“Que el acceso al gobierno no implique la designación o contratación adicional de personal perteneciente a un partido o sector. Es indispensable dotar a la administración pública de un cuerpo profesional y permanente de funcionarios que ingresen y asciendan en atención al mérito y no a las afinidades ideológicas”.
La advertencia de la Iglesia no es casual. Es un dato concreto de la realidad política del país y pone a la agrupación juvenil La Cámpora en el centro de la mira. Un lastre pesado que, además de engrosar el gasto público, puede complicar a las futuras gestiones gubernamentales. El párrafo del documento episcopal también le cabe a las administraciones provinciales y municipales no kirchneristas, igualmente superpobladas de empleados públicos afines a los partidos gobernantes.
Los obispos dijeron que ese punto de la declaración se fundamentó en estadísticas recientes que, sobre la base de revelamientos oficiales, confirman que la administración kirchnerista es la que más agentes públicos contrató durante su gestión.
“Ésta no es una práctica nueva, pero al parecer se profundizó en los últimos años. Nos hubiera gustado contar con cifras de los gobiernos anteriores para poder comparar”, esgrimió un vocero eclesiástico consultado. Los datos en manos de los obispos son contundentes.
Entre 2003 y 2014, sobre todo durante el gobierno de Fernández de Kirchner, los empleados estatales crecieron un 46%. El mayor empleador durante este período fue el Poder Ejecutivo Nacional, que pasó de 245.366 a 358.491 agentes. Este dato no es al azar, lo certifica el Boletín Oficial. La publicación oficial también evidencia que Desarrollo Social, la Jefatura de Gobierno y Economía son las dependencias que más personal incorporó en la última década.
A estos datos hay que agregarle un total de 138 agentes, muchos de ellos militantes de La Cámpora, que según se denunció periodísticamente ingresó en la recién creada Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Oscar Parrilli.
La contracara de esta movilidad ascendente en la administración pública durante la “década ganada” son los ex empleados del Estado que fueron despedidos y denunciaron ser perseguidos por no querer formar parte de las agrupaciones militantes. Los desplazados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Cancillería y la Inspección General de Justicia (IGJ) son sólo una muestra de esta práctica administrativa.
