La oposición obligó al gobierno a corregir un abuso en la Ley de Emergencia que bien podía esconder intenciones inconfesables. Volvió el kirchnerismo en su más pura esencia.
Cuando se conoció que el gobierno elevaría al Congreso Nacional una mega Ley de Emergencia en vez de las tres originales y específicas que se habían anunciado, no fuimos pocos los que bromeamos diciendo que había que leerla muy detenidamente. «No vaya a ser que en el medio se esconda un artículo que estira el mandato presidencial a 30 años pero a ser cubierto por el vicepresidente» decíamos con un humor que sin embargo escondía la convicción de que alguna trampa podía estar preparándose.
En la vida parlamentaria argentina cada vez que se eligió la estrategia del mamotreto en vez de las leyes cortas, concretas y específicas, la trampa era el telón de fondo del intento.
Roberto Dromi, con la ley 23.696 de Reforma del Estado de 1989, en tiempos de Menem, es un caso emblemático de lo que aquí sostenemos: entre otras perlitas consagró la posibilidad de dolarizar las tarifas y vender bienes públicos evadiendo todos los controles de ley. También otorgaba al presidente la facultad de disolver y fusionar diversos entes públicos. Las consecuencias de semejante disparate, contrario a lo especificado por ley en cuanto alos organismos de control vigentes, aún las pagamos en la actualidad.
Sin embargo Alberto Fernández -si es que tuvo alguna injerencia en el dictado de una norma que en todo momento estuvo bajo el monitoreo de Máximo Kirchner- intentó reiterar aquella maniobra y envió un proyecto en el que se autorizaba al presidente facultades especiales para rediseñar el Estado.
Lo mismo que aquella vez pero con un agravante: en la Ley Dromi las universidades nacionales quedaban fuera de esa facultad extraordinaria y mantebían su autonomía; en el proyecto Alberto-Máximo también caían bajo la facultad presidencial de abrirlas, cerrarlas, modificar su presupuesto y hasta sus programas de estudio.
También la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por ley 25246, para prevenir el lavado de activos, podría ser eliminada o limitada en sus alcances por un Decreto simple del Poder Ejecutivo sin ley ni Decreto de Necesidad y Urgencia. Huelga decir lo que esto podría representar en algunas de las más emblemáticas causas de corrupción que afectan a dirigentes del actual oficialismo. A modo de ejemplo citamos solo dos de ellas: Hotesur y Los Sauces. ¿Le suenan?.
Agreguemos algunos de los organismos que habían sido incorporados en esta ley que consagraba el unicato presidencial: INTI, INIDEP, INAREPS, INTA, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, JUNTA NACIONAL DE INVESTTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE LA AVIACIÓN CIVIL, REGISTRO NACIONAL DE AEROPUERTOS, SENASA.
Y como si esto fuese poco, tres organismos que manejan fondos multimillonarios y quien debe controlarlos quedaban atrapados por la cesión de superpoderes que, distraídamente, se otorgaba por ley el jefe de estado: AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y SUPERINTENDENCIA DE SALUD.
Miles de millones de dólares para ser manejados discrecionalmente y la facultad de hacer y deshacer con la Auditoría que es justamente el organismo encargado de controlar ese accionar. ¿Puede esgrimirse distracción?, ¿se puede hablar de otra cosa que no sea un retorno explícito a la obscena corrupción de los bolsos voladores, los hoteles vacíos, las obras públicas pagadas en su totalidad sin que se hubiesen siquiera iniciado?.
La decisión de la oposición de no dar quórum para el tratamiento de esta ley obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás y retirar del proyecto el insólito artículo. Pero lo que no podrá ya evitarse es que los argentinos tomemos nota de una intención que debe ponernos en alerta y mostrarnos que nada nuevo hay bajo el sol, más allá del modoso lenguaje de un presidente que dice una cosa y hace (o permite hacer) otra muy distinta.
Siempre bajo el nuevo apotegma de quienes hoy encarnan el verdadero poder: «por ahí, pasaba».
