Juzgados de Faltas: todos pagan el precio de la desidia del gobierno

Por Adrián Freijo – Ingresar al edificio que los contiene significa chocar con un mundo de sinrazón en el que con una sola mirada puede entenderse aquello de “gobernar de espaldas a la gente”.

El visitante, generalmente agobiado por algún problema que sabe le costará una importante suma de dinero, se encuentra al llegar con un ascensor que desde hace tiempo luce el ominoso cartel de “NO FUNCIONA”. Así entonces deberá subir varios pisos por una intrincada escalera y, cuando sus condiciones físicas se lo impidan, esperar de la buena voluntad de algún empleado dispuesto a recorrer el trayecto que lo separa de quien en definitiva deba resolver su trámite. Hay empleados, en esos menesteres, que suben y bajan una decena de veces por día. 

Esa limitación -impropia de un edificio de servicio público- representa además quedar a expensas de la interpretación o celo que el “intermediario” ponga en la cuestión y será un acto de fe ciudadana creer y aceptar que lo que éste transmita represente la real decisión del magistrado de turno.

¿No se parece esto demasiado a aquello que conocemos como negar derecho a la defensa?.

¿Se imagina a un ciudadano que debe responder a una acusación penal y se le impide llegar a la sala en la que se trata su causa?.

Pero esto no es seguramente lo más grave que ocurre en torno a los juzgados de falta de General Pueyrredón. Desde hace un año dos de ellos -y son apenas cinco- se encuentran vacantes por jubilación de sus anteriores ocupantes. Y pese a lo mucho que se ha hablado no han sido designados a la fecha los magistrados que ocupen esos lugares, recargando de tareas a los tres jueces en actividad que deben subrogar todo el tiempo a los mismos y atender, además de las propias, centenares de causas que ingresan en dichas vacancias.

Los jueces Fernando Mumare, José Luis Oteiza y Pedro López Martucci suben y bajan constantemente las escaleras que llevan a los tribunales Nro. 2 y Nro.5 para cubrir esas vacancias con lo que eso lleva de sobrecarga de trabajo e imposibilidad de detenerse con el tiempo y atención necesarios las causas más complejas. De hecho, según los propios empleados de la repartición, hoy se “despachan” las infracciones de tránsito, los controles positivos de alcoholemia y las urgencias por clausuras y secuestros. No hay tiempo para más…

La buena voluntad del trío y la forzada actividad de sus colaboradores son por ahora suficientes para mantener viva, aunque con pulmotor, a esa instancia fundamental de la vida institucional lugareña.

Los propios magistrados se apersonaron ante el intendente Arroyo para instarlo a cubrir esas vacancias. Las reiteradas promesas del intendente no han tenido cumplimiento y todos temen que de no resolverse la cuestión antes de fin de año los fragores de un tiempo electoral terminen postergando dos designaciones que son no solo fundamentales para el buen funcionamiento del sistema legal municipal sino que a esta altura se suponen además urgentes.

Desde hace meses duermen el sueño de los justos las propuestas que señalaban al Dr. Gustavo Gil de Muro y a su colega Andrés Barbieri   como los elegidos por el jefe comunal. ¿Qué ha ocurrido?, ¿cuál es el motivo de una demora que nadie sabe explicar?.

Si lo que está en duda es la idoneidad de los propuestos, que los pliegos bajen al Concejo Deliberante y que allí se den todos los debates que fuesen menester. Si no es así…¿porqué demorar un paso que no puede obviar una sociedad civilizada y republicana?.

Pongamos la cuestión en porcentajes: habiendo crecido en más de un 50% la cantidad de causas, desde hace un año la justicia de faltas funciona sin el 40% de su potencial. ¿Es posible tanta indiferencia e incapacidad de gobernar?.

Recorriendo cada una de las plantas el visitante curioso recogerá a cada paso la queja de quienes allí trabajan. Sin espacio, sin insumos, sin el personal suficiente, sin ventilación…sin nada.

Es posible que todos pensemos que quienes allí tienen el monopolio del sufrimiento son los infractores a quienes sumariamente se les aplicarán multas que en muchos casos exceden toda lógica y todo criterio de equilibrio entre lo cometido y lo castigado. pero no nos engañemos...también quienes allí trabajan padecen el calvario del abandono y el desgobierno.

Y todo por el capricho político de no avanzar en una cuestión tan sencilla como poner a un juez al frente de cada juzgado.

No hay caso, en la Argentina las personas y las instituciones no tienen valor alguno para los gobernantes; y Mar del Plata y Batán no podían ser las excepciones.

Vaya si lo sabemos….