(Escribe Andrés Barbieri) – La cuestión de los derechos humanos y la mirada que ha impuesto el poder con la complicidad de un sector de la justicia, es un tema a debatir.
Distintos líderes políticos coincidieron que debía terminarse con el curro de los derechos humanos
La metafórica advertencia pretendió plantear la necesidad de concluir con las artimañas, de quienes monopolizando el emblema de los derechos humanos, han realizado negociados con fondos públicos, en obvia alusión al escándalo protagonizado por los hermanos Schocklender a través del programa denominado “sueños compartidos”.
Este saludable propósito peca de incompleto, si no liquidamos también, el uso, manejo y explotación de los derechos humanos para perseguir opositores.
En efecto, el último día hábil judicial, la Dra. Gils Carbó, juntamente con la designación de fiscales a los que ubicó en puestos claves del Ministerio Público, disimuladamente separó al Fiscal Eduardo Taino de la causa dirigida contra los dueños de La Nación y Clarin por la compra de la empresa PAPEL PRENSA SA.
En la misma dirección designó al Dr. Daniel Eduardo Adler, conocido por haber sido presidente del tribunal que enjuició al Fiscal Campagnoli y acusado del armado de causas contra el Juez Hooft en la ciudad de Mar del Plata, para que tome directa intervención en una causa donde se involucra, por supuesta violación a los derechos humanos en la década del 70, a un grupo de dirigentes de la ortodoxia peronista enfrentados con la posición ideologica del actual gobierno.
En ambos casos se utiliza el mismo artilugio, se lanza al voleo una imputación por supuesta violación a los derechos humanos y luego, debido a que no resulta convincente el dictamen pronunciado por los fiscales naturales del proceso, se decide cambiar, no solo el pronunciamiento judicial, sino también, al fiscal de la causa, nombrando a quien será funcional a sus inconsistentes propósitos políticos.
Aprovechando la evidente estigmatización que la imputación por violación a los derechos humanos provoca en la opinión pública, establecen toda una lógica de razonamiento contraria a valores sustanciales que sustentan el estado de derecho.
Derechos humanos manipulados, fiscales disciplinados, investigaciones dirigidas, y lo que es peor, la utilización de los más sangrientos episodios de la violencia institucional de nuestra República para acorralar a los opositores.
Este curro que desnaturaliza la defensa de los derechos humanos también debe terminarse en la República.
ANDRES BARBIERI
ABOGADO –
