Mientras el gobierno acompaña y apoya todas las iniciativas cubanas en foros internacionales, en la isla se endurece el régimen y se multiplican los castigos y la represión. ¿Los organismos de derechos humanos?…bien, gracias.
¿Cuál es la vara política de Cristina Kirchner, sus seguidores y su representante en Balcarce 50?. Mientras en nuestro país se sostiene económicamente a los sectores piqueteros y sus protestas -a punto de encumbrar en el gobierno a los principales representantes y desviar hacia sus bolsillos una parte sustancial del presupuesto- en Cuba el régimen castrista endurece sus posiciones y se convierte en ejemplo de represión y tiranía.
La Justicia cubana condenó a 10 años de cárcel a uno de los manifestantes procesados de las protestas de julio pasado, lo que representa la mayor pena impuesta hasta ahora en estos procesos y se conoce cuando el Gobierno lanza advertencias ante una nueva convocatoria a protestas para mediados de noviembre. Según el fallo, cortar las calles y criticar al gobierno constituye un «delito de subversión» al que se le agregó «no acatar la orden de confinamiento dictada en el marco de la pandemia de coronavirus».
De utilizarse aquí criterios similares, personajes como Grabois, D’Elía, Pérsico y tantos otros deberían ir a parar con sus huesos a la cárcel y otro tanto, al menos por una década, debería ocurrirle al presidente Alberto Fernández por sus reiteradas violaciones a las normas de aislamiento y confinamiento.
Pero ello es tan difícil como que los líderes de la coalición oficial entreguen sus cuantiosos bienes al estado para remedar la cultura socialista cubana. Antes bien, como ocurre con los líderes de aquella ficticia revolución que solo maquilla una dictadura clásica de las que América latina puede mostrar por decenas en el último siglo, pareciera que a unos y otros solo los une la compulsión por colocar a buen resguardo el fruto de sus mal habidas fortunas.
Párrafo aparte para las organizaciones de derechos humanos, esas asociaciones paraestatales que viven de los subsidios públicos y han terminado cambiando principios por consignas oficialistas, y que ante el desmán jurídico de condenar a una persona a diez años de cárcel por protestar guardan un silencio que, mal que les pese, suena a atronador. ¿Qué dirían si semejante sentencia recayera en nuestro país sobre algún manifestante, mapuche descarriado o corrupto agarrado con las manos en la masa?.
Lo grave de esta patética realidad es que quienes aquí solo buscan concentrar dinero y poder, desoyendo el clamor de una ciudadanía que pide transparencia y libertad, quiere llevarnos a un régimen político similar al existente en Cuba. Ello les permitiría seguir sumando dinero y poder pero no tendrían que tomarse el incómodo trabajo de fingir lo que no son: ante cualquier queja…una década a la sombra.
Ya no es tiempo de prudencias timoratas o parrafadas elegantes para pisar callos sin que el calloso se moleste: levantemos todos la voz para prevenir lo que es demasiado evidente y, de culminar exitosamente, nos llevará a la pérdida de nuestros derechos y libertades individuales y colectivas.
Mientras la charanga karibeña relata una revolución que solo vive en sus miserables corazones…
