En su momento fue otra de las víctimas del autoritarismo kirchnerista y ahora se le deberá abonar al entonces obispo castrense emérito la asignación vitalicia correspondiente al cargo y las mensualidades desde que dejó su función por decreto de Néstor Kirchner. Un caso menor que explica porqué siempre los argentinos terminamos haciéndonos cargo de los atropellos de nuestros gobernantes
Según lo dispuesto por la Justicia, el Estado deberá pagarle a monseñor Antonio Baseotto, el obispo castrense emérito, la asignación mensual vitalicia correspondiente al cargo que ocupó. Y tendrá que abonar todas las mensualidades adeudadas desde que dejó las funciones.
Baseotto fue suspendido en su cargo de obispo de las Fuerzas Armadas por un decreto firmado por Néstor Kirchner en 2005. Fue luego de que se conociera una carta enviada al entonces ministro de Salud, Ginés González García, en la que el obispo usó frases polémicas para expresar su oposición a las políticas de reparto de preservativos.
Años atrás, la jueza María Servini de Cubría sobreseyó al obispo, acusado de haber hecho apología del delito. Ese antecedente fue citado en la causa previsional por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que ordenó el pago a Baseotto, en septiembre de 2013. Luego, el Gobierno presentó un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte. Pero el recurso fue negado y esta semana el expediente se envió al despacho del juzgado de origen para que se ordene el pago de la sentencia, confirmaron fuentes judiciales.
Según afirmó Constantino Sogga, abogado de Baseotto, de acuerdo con el fallo el obispo deberá recibir todos los pagos que el Estado no le hizo desde el decreto de suspensión. Tanto las remuneraciones desde ese momento y hasta la edad de retiro como la asignación previsional posterior. Por ahora, dijo, su representado recibe dinero en cantidades discrecionales.
La ley 21.540, vigente desde 1982, dispone que los obispos y el vicario castrense cobran, al jubilarse, una asignación vitalicia equivalente al 70% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia con 30 años de antigüedad, lo que hoy significa cerca de $ 50.000. En actividad, el cobro mensual de un obispo, según la normativa, es del 80% de lo que cobra un magistrado de primera instancia.
En la carta que Baseotto le había mandado a González García, había expresado su rechazo a que desde el Gobierno se incentivara el uso de «fármacos conocidos como abortivos». Y había sostenido que el reparto público de profilácticos a los jóvenes le recordaba el texto del Evangelio donde Jesús afirma que «los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al mar». El Gobierno vinculó esos dichos con los llamados «vuelos de la muerte», un método usado por la última dictadura militar para ejecutar crímenes. Sin embargo, la jueza Servini de Cubría consideró que la cita fue usada por Baseotto para aclarar su malestar por manifestaciones vertidas por el ministro de Salud y no constituía una apología del delito.
Respecto de la suspensión en las funciones, la Justicia determinó que el Poder Ejecutivo no tenía facultades para removerlo del cargo sin acuerdo con la Santa Sede. Baseotto, hoy de 82 años, siguió en actividad hasta mayo de 2007, cuando Benedicto XVI le aceptó la renuncia.
