Audiencia crucial en Nevada por la llamada «ruta del dinero K».El juez intenta determinar si hubo un desvío de dinero a través de firmas que los fondos buitre atribuyen a Lázaro Báez
Antes de poner el pie en el juzgado, tanto los fondos buitre como las empresas que pretenden investigar perdieron mociones para dejar en reserva documentos que pretenden ocultar del escrutinio público.
En eso, el juez Ferenbach se muestra implacable. Al contrario de lo que suelen exponer las partes afectadas, él está convencido de que la presencia de público y de periodistas en la sala «es una garantía de integridad» de lo que allí sucede. Un argumento que no se escucha mucho en estos días en nuestro país.
De esa decisión del juez se pueden esperar dos cosas. Una, que NML Capital, el fondo que con mayor dureza litiga contra la Argentina, exponga un show de diapositivas y documentos con power point en la corte. La proyección intentará reconstruir «con datos nuevos» la llamada «ruta del dinero K».
Ellos prometen que habrá «nuevas revelaciones». Habrá que ver. Por lo pronto, el abogado de la empresa Val de Loire -una de las citadas en los argumentos de los buitres- pidió en vano que esa proyección no se autorizara.
La cita llega precedida por una seguidilla de revelaciones. Días atrás se conoció la declaración de la llamada «testigo clave». Pero lo cierto es que las 200 páginas con dichos de Patricia Amunategui no parecieron aportar vínculos entre las empresas investigadas y personas allegadas al gobierno argentino.
Lo otro que se sumó fueron registros de movimientos de cuenta en los que aparecen operaciones con las islas Seychelles de Federico Elaskar, el financista que reveló públicamente supuestas operaciones de lavado de dinero en favor de Báez.
El fondo NML abrió esta causa para intentar identificar bienes argentinos con los que cobrarse la deuda que le reconoció la Justicia. Pero también para presionar al Gobierno a que pague esa acreencia. Es, en rigor, tanto una herramienta judicial como un arma política.
