El gobierno trató de dilatar la cuestión de la constitucionalidad y contó para ello con una jueza «amiga». pero todo le salió mal y ahora espera con preocupación el fallo.
En un momento sensible para su definición, la validez del Memorándum de entendimiento con Irán en el caso AMIA quedó atrapado en una disputa feroz que mantienen jueces del más alto tribunal penal del país: la Cámara Federal de Casación Penal.
Son Carlos Gemignani, Ángela Ledesma y Luis María Cabral quienes tienen a estudio el caso luego que a mitad del 2014 la Cámara Federal lo declarara inconstitucional. Desde entonces poco y nada se hizo, y Ledesma por su cuenta pidió una medida de prueba a Naciones Unidas que sólo ella firmó y que sus colegas consideraron innecesaria porque iba a dilatar una definición.
Desde el Lunes, la jueza Ledesma, quien tiene una muy buena sintonía con el Gobierno Nacional, comenzó una licencia académica de cuatro meses que fue autorizada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Pero Gemignani no perdió tiempo, al quedar como titular de la Sala, firmó ayer una resolución con la cual dio marcha atrás con la medida de prueba que había pedido Ledesma, fijó una audiencia, y hasta la fecha en que se dará a conocer un fallo sobre si es constitucional o no el Memorándum: todo en ausencia de Ledesma. No termina ahí, el juez pidió que se nombre cuanto antes un reemplazante de la jueza.