Por Jorge Faggiani (*) – Micaela y su impacto de las últimas horas, es un hecho más de lo que está instalado como debateen nuestro país desde hace más de una década.
Se abre entonces un abanico amplio de opiniones.
Consecuentemente se han reavivado controversias sobre las facultades discrecionales que detentan los jueces penales, y una inseguridad pertinaz y creciente que carcome las entrañas de nuestra sociedad.
Desde Soledad Morales a Micaela transcurrieron más de 25 años y los hechos de «Abuso» y «Abuso sexual, seguido de muerte» se han acrecentado geométricamente.
Todo ello, amparados en legislación «garantista», introducida por Dr. León Arslanián en el´98; sostenida por doctrina de igual tenor, cuyo abanderado resulta ser ex miembro de la Suprema Corte, Dr. Eugenio Zaffaroni
Esta doctrina se patentiza en una serie de prerrogativas que tienen los imputados de algún delito.
Ejemplos: «Libertad durante transcurso del proceso; salidas transitorias cuando son condenados; acortamiento de su condena por la obtención de la libertad condicional; sistema de excarcelaciones» y otros beneficios.
No podemos olvidarnos de la ventaja que significó el recordado «Dos x Uno», que reducía a la mitad el tiempo de detención que sufrían los reos.
Como tampoco que el hecho de haber delinquido, llevaba implícito un reconocimiento a dicha conducta, mediante pago mensual, de una remuneración superior a la que reciben nuestros postergados jubilados.
Debemos coincidir en que las políticas públicas y la normativa vigente no han contribuído a disminuir los graves hechos de inseguridad que afectan diariamente a la sociedad.
Coincidimos con aquéllos que sostienen que el delito desaparecerá con el pleno empleo y la educación pública y privada, al alcance de todos.
Disentimos profundamente con todos los que pregonan la aplicación de las mismas recetas que, hasta el presente, no han dado resultado positivo en décadas.
Nuestra diferencia radica en el convencimiento que «en el mientras tanto» algo debe hacerse para producir cambios.
Proponemos para ello una reforma profunda en la «Legislación Penal» y «Procesal Penal», que limite facultades discrecionales de nuestros jueces en materia criminal.
Con más precisión la legislación procesal debe expresar taxativamente cuáles son los delitos excarcelables y cuáles no, independientemente de la opinión del magistrado interviniente.
Del mismo modo limitar su intervención en las salidas transitorias y otorgamiento de libertades condicionales, para que alguna vez dejemos de lamentarnos por muertes evitables
Ahora, el mentado «caso Micaela», desgarrarnos las vestiduras pidiendo destitución del juez Carlos Alfredo Rossi, cuando el delito ya se había consumado. Todo mal.
La solución pasa por dejar de «proteger al delincuente» mediante la aplicación de leyes garantistas. Ocuparnos más de las víctimas, como pregonaron todos los candidatos Presidenciales de la última campaña electoral, hace dos años.
Así, terminar de una vez por todas con la sentencia popular que alude a una «puerta giratoria» por la cuál entran y salen los delincuentes, en la idea de cambiar el actual sistema penal.
Obviamente que esta propuesta no es original, pero apunta a contribuir con la disminución de los hechos de inseguridad que día a día ocurren en nuestro país.
Nos adelantamos a la crítica de los que sostienen el endurecimiento de las penas y la restricción de la libertad no producen la disminución de los delitos, basados en estadísticas de dudosa veracidad.
Basta para ello la mirada sobre la ocurrencia de delitos en países como Corea, China y en nuestra región, Cuba, allí el «abuso sexual» es totalmente desconocido. Va de suyo, las mismas conductas obtendremos los mismos resultados.
De allí la propuesta que en el ámbito legislativo, todo esto sea una prioridad parlamentaria.
No ocurre ello en el ámbito del Congreso. No hace mucho, ocupó el plano informativo un debate en Cámara de Diputados sobre «carreras de galgos», postergando reformas como las que propugnamos.
Finalmente, para dejar de lamentarnos algún cambio deberá hacerse en forma urgente.
(*) El autor es abogado penalista del foro marplatense.
