Sin alimentos ni insumos básicos para la población, el gobierno de Nicolás Maduro trata de contener el malestar de la gente con una épica de dudoso gusto y resultado.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este lunes tomar acciones contra una cadena de tiendas que no identificó y detener a sus dueños por supuestamente estar incursos en una «guerra alimentaria», una acción que se suma a la intervención de la red de farmacias Farmatodo ocurrida ayer.
Medios de prensa locales señalan que se trata de la cadena Día a Día.
«Le he dado órdenes precisas al vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria que en fiel cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Seguridad Alimentaria (Carlos Osorio) (…) sean ocupadas en la madrugada de hoy, sea regularizado el servicio al pueblo de Venezuela y sean detenidos los directivos y dueños de esta empresa», dijo el mandatario, sin precisar qué medidas exactas se van a tomar.
El presidente hizo el anuncio durante un acto con militantes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) en Caracas, en el que indicó que estos empresarios serán investigados «por estar incursos en la guerra alimentaria contra el pueblo».
Maduro continuó así con las intervenciones a tiendas privadas, una acción que justifica en una lucha contra una supuesta guerra económica que incidiría en la inflación, una de las más altas del mundo, y en el acaparamiento de productos de la cesta básica.
Este domingo el presidente informó de la detención de los dueños de una cadena de tiendas, que asegura «es punta de lanza de la conspiración» económica.
«Tengo varios conspiradores dueños de una cadena de tiendas presos en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y le he pedido a la Fiscalía que acelere todos los cargos para que vayan bien presos por estar saboteando con esa cadena de tiendas al pueblo venezolano», dijo Maduro este domingo.
La cadena Farmatodo informó este lunes de que sus directivos fueron citados para un interrogatorio en la sede del Sebin después de que fueran objeto de una fiscalización por parte de la Superintendencia de Precios Justos y el propio Sebin y se les abriera un procedimiento administrativo.
La cadena, con más de 160 tiendas en el país, que asegura haber sido sometida a más de 60 inspecciones solo durante el mes de enero, indicó que se encuentra «permanentemente a disposición de las autoridades para que fiscalicen» sus operaciones.
Durante los últimos meses, Venezuela ha experimentado una crisis de escasez y desabastecimiento, lo que ha provocado largas colas de personas en las tiendas que disponen de los productos escasos principalmente alimentos y artículos de higiene personal.
Los comerciantes atribuyen la crisis a los problemas de asignación de divisas para la importación de productos y materias primas, mientras que el Gobierno responsabiliza a los empresarios de generar una «percepción» de escasez para «irritar» a los venezolanos como parte de una «guerra económica» que tiene como fin último su derrocamiento