Será juzgada por la Audiencia Nacional de España como presunta cooperadora en delitos fiscales. No hay apelación y podría enfrentarse hasta a 4 años de prisión.
El juez José Castro ha ratificado en un auto hecho público hoy la apertura de juicio oral a la Infanta por los dos delitos fiscales que avaló la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma el pasado 7 de noviembre en una resolución adoptada por unanimidad en la que se subrayaba que «existen sobrados indicios para imputarla». Consecuentemente, Doña Cristina se convertirá en el primer miembro de la Familia Real que se sienta en el banquillo en toda la historia y se enfrentará a una pena que podría alcanzar los cuatro años de cárcel. Castro sostendrá que, al contrario de lo que opinan las defensas y el fiscal Pedro Horrach, la doctrina Botín no es aplicable en este caso para exonerar a la Infanta.
El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma fijó el 23 de diciembre como la fecha en la que se conocería cuál es su veredicto definitivo sobre la suerte procesal de la hermana del Rey, pero finalmente ha adelantado un día su decisión, en la que ha optado por enviar a juicio a Doña Cristina como «cooperadora necesaria» en los delitos fiscales perpetrados por su marido en los ejercicios 2007 y 2008. Contra este auto no cabe recurso.
El instructor del caso Urdangarin sostiene, en sintonía con lo que concluyó la Sección Primera de la Audiencia de Palma, que la doctrina Botín no es aplicable en este caso puesto que se han lesionado intereses colectivos. Y, por tanto, invoca la doctrina Atutxa, que en 2008 matizó la primera y evitó la defunción de la acción o acusación popular.
El Tribunal Supremo libró del juicio y de un eventual ingreso en prisión al ex presidente del Banco Santander por el caso cesiones de crédito en diciembre de 2007, alegando que la acción popular no era competente al no acusar ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares y no haberse lesionado el interés general. El fallo del Pleno de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, adoptado por nueve votos a cinco, y que venía a ratificar uno previo de la Audiencia Nacional, generó una fuerte polémica en el mundo judicial y una notable polvareda en la opinión pública entre acusaciones de «sentencia a la carta».
Además, Castro reclama en el auto el pago de 2,6 millones de euros a la hermana del Rey en concepto de responsabilidades civile
