Por Adrián Freijo – Si la justicia termina con la cartelización de la obra pública, que el estado controle que no caigamos en un monopolio manejado por la familia presidencial. Cuidado.
La investigación de los actos de corrupción durante la década kirchnerista amenaza con arrasar con un entramado de empresas que se repartían, coima mediante, la obra pública en todo el país. Es lo que se conoce como cartelización, esa modalidad de reparto de licitaciones a cambio de entregar a funcionarios millones de dólares para conseguir no solo quedarse con la licitación sino además tener vía libre para cargar sobreprecios escandalosos.
Ninguna de las empresas involucradas -en el supuesto de que esta investigación llegue a buen puerto- podrá volver a participar de estas compulsas en mucho tiempo. Ya sea porque deberán reintegrar millones de pesos que las colocarán en una delicada situación financiera, ya sea por que sus propietarios y directivos irán a parar con sus huesos a la cárcel o simplemente porque sin ese «tome y daca» que sirvió para que se enriquecieran a costillas del empobrecimiento del país no estarán en condiciones operativas y financieras de encarar ninguna obra.
La expectativa de máxima sería entonces terminar con las prácticas corruptas, mientras que una más razonable debería conformarse con sacar del escenario a falsos empresarios que basaron su aparente éxito en beneficiarse con números irreales, mala calidad de las obras entregadas y una sociedad perversa con el poder en la que todo era válido para lograr los oscuros objetivos.
Sin embargo hay una duda que sobrevuela toda la situación: siendo Mauricio Macri y su grupo familiar parte del entramado de relaciones oscuras entre los sucesivos gobiernos y la obra pública…¿no estaremos frente a una guerra empresarial que terminará cambiando aquella cartelización por un monopolio?, ¿el presidente busca justicia o simplemente quitar del camino a sus adversarios del submundo de la corrupción en la obra pública?.
Si la justicia fuese a fondo con este tema es imposible que sus manos no terminen alcanzando a Franco Macri, al Grupo Socma y a todas las UTE conformadas con capitales chinos. Sin contar con dos décadas de negociados en los que la familia presidencial amasó su inagotable fortuna quedándose con algunos de los negocios más rentables de la historia argentina reciente.
El padre presidencial es el representante del gobierno chino en el país y es sabido que el gigante oriental tiene hoy una participación muy agresiva en los negocios públicos. Obras, telecomunicaciones, mundo financiero, comercio e industria…a todo estos rubros han llegado los tentáculos del nuevo capitalismo del siglo XXI, casualmente inmerso ahora en una guerra comercial con los países que tradicionalmente se han beneficiado -por medio de sus empresas- con los grandes negocios manejados por la corrupción en la Argentina.
Demasiadas circunstancias que se entrecruzan, muchos nombres e intereses contrapuestos entre los asociados a la familia del presidente y quienes hoy desfilan por Comodoro Py tratando de cambiar lo que les queda por un poco de libertad. Y una historia nacional de corrupción que, unida a la personal del mandatario y muchos de sus colaboradores, habilitan la duda, la sospecha y la pregunta central de esta nota.
¿No estaremos cambiando la vieja cartelización por un nuevo monopolio que maneje los mismos mecanismos de corrupción?...esa que abonó el crecimiento exponencial de la fortuna del Grupo Macri.
El tiempo lo dirá….
