La jueza María José Sarmiento ordenó al Ministerio de Economía que informe “el índice de pobreza e indigencia que surgen de la metodología implementada por el Indec desde el año 2013″.
La jueza Sarmiento también pidió que, en el plazo de cinco días hábiles, difunda «los valores absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se calculan las variaciones porcentuales que viene anunciando el IPCNU desde febrero”.
Axel Kicillof y otros funcionarios de su cartera y el Indec tuvieron varios traspiés en sus intentos de justificar la falta de estadísticas sobre la pobreza. El ministro sostiene que no se publican los datos porque «al haber hecho un cambio en el índice de precios (en alusión al nuevo IPC nacional urbano que entró en vigencia en enero de 2014) hay que hacer un empalme, que es complicado».
En marzo de este año, Kicillof aseguró que medir la pobreza «es un poco estigmatizante», lo que incluso le valió críticas dentro del propio kirchnerismo. Poco después, el director del Indec, Norberto Itzcovich, salió en su defensa y dijo que «no es fácil definir qué es la pobreza o cuándo una persona es pobre».
En junio, Cristina Kirchner fue a una conferencia de la FAO en Roma y aseguró ante representantes de todo el mundo que la pobreza en Argentina «se ubica por debajo del 5 por ciento», basándose en el último dato del Indec, de 2013, que daba 4,7 por ciento.
En cambio, las cifras brindadas por los ex técnicos del Indec y por la Universidad Católica son bien distintas. El primer grupo, encabezado Cynthia Pok, sostiene que el porcentaje de pobres es del 25,1 por ciento, «casi diez millones de personas».
La UCA indicó en julio que la medición del Observatorio de la Deuda Social dio que el 28,7% de la población está en situación de pobreza, unos doce millones de personas. El Gobierno, a través de Aníbal Fernández, calificó como «falaz» y «pésimo» ese informe, pero terminó admitiendo que «seguramente no» habrá un nuevo índice durante lo que resta de gestión de Cristina porque es de «elaboración compleja».
El fallo de la jueza Sarmiento fue a pedido de la diputada opositora Victoria Donda, en el marco de una acción de amparo en la que la magistrada rechazó –no obstante- obligar al gobierno mediante una “medida cautelar”.
La jueza recordó que está constitucionalmente regulado “el acceso a la información pública del Poder Ejecutivo”. “Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legitimo ni contar con patrocinio letrado”, subrayó la magistrada.
“El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”, añadió.
