Por Adrián Freijo – Arancelar los polideportivos para las actividades deportivas y sociales que en ellos se desarrollan es una barbaridad. Hacerlo para actividades de privados es otra cosa.
Los pñolideportivos de la ciudad, sin duda una de las obras que marcarán el recuerdo de la gestión Pulti, fueron pensados para aportar al desarrollo físico, la integración social y el crecimiento del espíritu comunitario de los habitantes de barrios de Mar del Plata hasta entonces marginados de la acción de gobierno.
Y subsidiariamente para generar en torno a ellos polos de desarrollo humano y urbanístico que comenzaran a dejar atrás el espíritu concéntrico de un conglomerado que casi como obligación termina todas sus actividades en el microcentro.
Es verdad entonces que su origen y consiguientemente su destino es el de proveer al sostenimiento de políticas de desarrollo social que, por ser una obligación del estado, deben ser gratuitas y al servicio de quienes más lo necesitan. Y eso no parece estar en discusión al momento de analizar el proyecto del Ejecutivo local para arancelar actividades de privados que puedan estar interesados en utilizarlos.
¿Porqué estaría mal que si una congregación religiosa, un club en competencia o alguien interesado en desarrollar un encuentro, fiesta o congreso en uno de los polideportivos pagara por ello?. ¿Acaso no tiene un régimen idéntico el Islas Malvinas, en el que los colegios o clubes locales pueden utilizar sus instalaciones sin cargo cuando se trata de actividades educativas o sociales?. Pero Peñarol y Quilmes, los recitales musicales, las multitudinarias reuniones religiosas o cualquier puesta con destino comercial deben abonar un cargo por el uso de las mismas. Y es lógico que así ocurra, porque no lo sería que todos los marplatenses sostuviésemos con nuestras tasas cualquier actividad con fines de lucro a terceros.
En ocasiones el fuego cruzado de las inquinas políticas solo sirven para confundir al observador pasivo, que termina creyendo lo que no es. Y en este caso todos debemos tratar de que ello no ocurra.
Arancelar actividades privadas, preservando como prioridad a las sociales, servirá entre otras cosas para sostener esas importantes estructuras deportivas que, a la vez que necesarias, suponen erogaciones presupuestarias que en estos momentos se vuelven de imposible cumplimiento para las agotadas arcas municipales.
No se trata entonces de ninguna privatización y muy por el contrario esta sea tal vez la única manera de mantener, completar y multiplicar un proyecto que fue luminoso y que la crisis económica hace hoy inviable.
Si todos deponemos las furias y pensamos en serio en los demás, es posible que empecemos a dar solución a los problemas sin convertir todo en un campo de batalla. Como siempre…innecesario y sobre actuado.
