Una cadena de torpezas funcionales terminó por convertir en un papelón una medida que, aún con debate, mostraba un gesto de gobierno distinto. Pero todo se hizo mal y ahora hay que zafar.
Luego de haber anunciado la suspensión de las fiestas electrónicas a través de un decreto del intendente Carlos Arroyo, el municipio cambio su postura y tras reunirse con empresarios del rubro, hizo saber que ahora trabaja en la redacción de una norma para “autorizar” esta clase de eventos.
¿Qué pasó para que se produjese semejante cambio de postura?. Muy sencillo, en el arrebato por firmar la norma -seguramente pensando en el rédito político que ello podría acercar- no se tuvieron en cuenta dos aspectos fundamentales:
1-La redacción, en la que se habla de la necesidad de “preservar la salud de las personas en el ámbito donde se produce consumo de drogas y alcohol”, afirmando por tanto la existencia de un delito que, al no haber sido aún cometido, se convierte en una denuncia directa a los organizadores que de este modo aparecen como haciendo las fiestas a ese único fin. Porque más allá de lo que todos pensemos, sería bueno recordarle al intendente -o al cada vez más complicado Alejandro Vicente, cuyos «consejos» ya han dejado de ser erróneos para convertirse en disparatados- que semejante afirmación debe ser acompañada con pruebas y además, en su carácter de jefe comunal, denunciada ante la justicia so pena de incurrir en los delitos de omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Claro que además le daba argumento y prueba a los organizadores para iniciar acciones legales contra el municipio por un texto que afectaba sin más su buen nombre y honor.
2- Los derechos adquiridos: al momento de firmar los contratos la normativa vigente permitía estas fiestas. “¿Por qué no las suspendieron antes de arrancar la temporada?”, se preguntaba uno de los productores quien aseveró que para las fiestas a realizarse en lo que falta de enero «hay cerca de 30 mil entradas vendidas en forma anticipada, al tiempo que se abonaron los cachets de los músicos internacionales que llegarían a la ciudad». Otro de los organizadores reseñó que en la fiesta realizada el fin de semana pasado “prestamos toda la colaboración para impedir inconvenientes. De hecho se hicieron operativos policiales en los accesos incautándose droga y alcohol. Somos los primeros interesados en que las cosas salgan bien”, alegó.
Todos antecedentes que abrían la puerta a millonarios juicios contra el municipio que primero permitió y que luego de que los convocantes invirtieran en esa actividad hasta entonces lícita les dijo...ahora ya no.
Ayer, el área de Prensa del municipio comunicó que el intendente y el secretario de Gobierno habían firmado un decreto “para dar por suspendidas las fiestas de música electrónica” a partir de la fecha. Hoy ya todo parece haber entrado en la nebulosa de una negociación que no va a terminar en otra cosa que no sea un papelón.
Prueba de ello son las contradictorias afirmaciones que esta mañana hiciese el Secretario de Salud de la comuna quien dijo que «desde el Pode Ejecutivo (sic) se está trabajando en un nuevo decreto que aclare los alcances de la medida». Gustavo Blanco sorprendió al decir: “Nosotros no prohibimos ningún evento, estamos trabajando en la autorización”.
Para completar el propietario del balneario Mute, donde está prevista la realización de “Above&beyond” con al menos 20 mil personas, Ariel Gambini, aseguró que “las fiestas (electrónicas) no están prohibidas”, después de reunirse con el intendente Carlos Arroyo. ¿En qué quedamos?…
Un papelón de aquellos…¿y van?
