Redacción – La renuncia de la jueza pone en el tapete la cuestión que ya se había dado con la renuncia de Eugenio Zaffaroni. Y tras cuatro décadas de democracia aún no hay un mecanismo que la destrabe.
En la década de los noventa la Corte Suprema de Justicia se amplió de 5 a 9 miembros. Este cambio fue muy criticado, porque algunos integrantes actuaban como una «mayoría automática», que fallaba a favor de los intereses del Ejecutivo.
En 2006 se sancionó la Ley 26.183 que volvió a establecer cinco magistrados, en momentos en que poseía siete. A partir de allí, se detuvo el proceso de designación y se dispuso un mecanismo de reducción paulatina.
El problema surge ahora porque el Gobierno quiere nombrar lo antes posible al quinto integrante, si bien la oposición quiere esperar al próximo proceso electoral. De hecho los senadores que responden a partidos de la oposición se comprometieron a llevar a cabo esa medida, por lo que si no la revierten habrá que esperar hasta el 2023 para que el máximo organismo del Poder Judicial se complete.
A través del decreto 222/03, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, el Poder Ejecutivo se fijó autolimitaciones a su atribución para la selección y designación de nuevos magistrados.
En dicha norma, ordenó la publicidad de los antecedentes de los candidatos, instauró la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.
Desde entonces, y bajo este mecanismo, fueron elegidos Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, y no sin la queja de la por entonces oposición peronista y de gran parte de los constitucionalistas argentinos, el presidente designó por un Decreto de Necesidad y Urgencia a los jueces Horacio Rossatti, recientemente elegido presidente, y Carlos Rosenkrantz su vice.
Ambos fueron luego «legitimados» por el Senado pero ahora vuelven a estar en el ojo de la tormenta: para imponer sus candidaturas necesitaron que el primero de ellos utilizase la discutida modalidad del auto voto, algo que solo conocía el muy criticado antecedente de Julio Nazareno en aquellos lejanos tiempos del gobierno menemista.
Ya en su momento se acordó que «corresponde al Poder Ejecutivo enviar el pliego al Senado» dentro del plazo de 30 días desde cuando se produzca la vacante para designar al nuevo integrante.
Es decir, el Gobierno podría proponer el candidato ya mismo y luego defenderlo en el Senado. Aunque ante las conocidas dificultades que el propio Alberto Fernández ha tenido para designar al Procurador General de la Nación, cargo para el que había nominado a Daniel Rafecas y que nunca consiguió los votos necesarios para prosperar, va a resultar complicado que cualquier nombre que no fuese consensuado con la oposición pudiese acceder a la silla que hoy deja vacante Highton de Nolasco.
Aunque todos coincidan en la necesidad de que la nominada sea una mujer para mantener la presencia femenina en el tribunal, hoy limitada a la jueza renunciante por el fallecimiento de Carmen Argibay.
Por lo pronto son pocos los que dudan que la parálisis se extenderá, cuanto menos, hasta que el proceso electoral de a las cámaras una nueva composición y tal vez al país otra realidad política.
No obstante, de no prosperar un compromiso con la oposición, se configurará un escenario de cuatro miembros. De esta forma, ante una eventual fallo dividido, podría generarse un empate entre sus miembros, dejando bloqueado al último organismo para decidir.
Esto sería incorrecto ya que sólo pueden intervenir cuando los miembros de la Corte se excusan o son recusados en un caso específico -por ejemplo, por estar vinculados a alguna de las partes en litigio o por tener un interés en el resultado del mismo- o en caso de licencia temporal.
Tampoco está prevista en la norma la posibilidad de un desempate por parte del presidente del tribunal -que sólo en esos casos valdría doble-. Al no estar especificado ningún mecanismo alternativo, todo indica que los jueces tendrán que evitar tal situación hasta que se produzca la próxima vacante definitiva.
En este caso, el quórum mínimo para que la Corte pueda sesionar (con cuatro miembros) será de tres. Sin embargo, para que puedan emitir un fallo la mayoría se cuenta sobre el número de jueces fijado por ley.
Si uno de los miembros no vota por alguna razón, y sólo tres intervienen en la decisión de un caso, el tribunal sesiona con quórum pero surgirá un problema en caso de opinión dividida.
Es decir, si dos magistrados votan en un sentido distinto al tercero, no habrá mayoría porque el número fijado por la ley es de cinco, y la mayoría sobre cinco es tres.
Otra de las situaciones que podría ocurrir, en el caso de que no se nombre a un quinto en el corto plazo, será la posibilidad de un empate en dos votos (un par de jueces eligen pronunciarse de una manera y otros en el sentido contrario). El problema es que la normativa no prevé una solución a esta situación.
En otros país, como los Estados Unidos, es posible la igualdad de sufragios y en dicho caso queda firme la sentencia de la instancia anterior.
Ahora, el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, se encontrará en una situación no deseada desde el punto de vista político para la resolución de causas sensibles ya que, ante un empate de dos a dos, deberán limitarse a la solución a la que lleguen en sus acuerdos.De esta forma, sólo prosperarán las causas que tienen consenso, las otras deberán esperar.
En ámbitos tribunalicios se hablaba por estas horas de la posibilidad de que algunas de esas causas sensibles fuesen resueltas antes de la partida de Highton. Pero la propia jueza se opondría a esa solución por considerar que, una vez renunciada, ello no sería ético. Además todos tienen en claro que su sorpresiva decisión está vinculada a la intención de mostrar lo que para ello es una falta de legitimidad de la actual composición por la forma en la que fueron elegidos su presidente y vice.
