La jueza socia del gobierno consiguió entorpecer toda la causa Nisman e impunidad para su socio Stiuso a cambio de terminar diluyendo la investigación que lleva al negocio Ciccone
Un expediente, que investiga si en la exCiccone Calcográfica se incurrió en evasión tributaria, podría quedar en manos de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en las próximas horas ya que Compañía de Valores Sudamericana, la compradora de la imprenta, fijó domicilio ante la AFIP en Don Torcuato.
Se trata de una investigación clave en el entramado Ciccone, porque involucra al supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, el empresario Alejandro Vandenbroele.
Según consignó la agencia DyN, el juez Javier López Biscayart, del fuero Penal Tributario, se declaró incompetente en una causa en donde se analizaba la supuesta «retención indebida de aportes y contribuciones de los trabajadores de la eximprenta Ciccone Calcográfica», trascendió de fuentes judiciales.
Fue la defensa de Máximo Lanusse, exvicepresidente de la exCiccone, quien reclamó el traspaso de la causa a la justicia federal de San Isidro por entender que allí radicaba la competencia, pues la nueva Ciccone, llamada Compañía de Valores Sudamericana SA, fijó su domicilio fiscal en la ruta Panamericana, kilómetro 24.5, en Don Torcuato, y así lo reportó ante la AFIP.
«En ese lugar no solo funcionaba la sede de la administración sino también la planta fabril donde trabajaban los empleados y se pagaban los salarios. Por ello, la defensa sostiene que los jueces federales con jurisdicción en San Isidro serían los únicos competentes para investigar los hechos que integran el objeto procesal de la causa», señaló el escrito.
La defensa de Alejandro Vandenbroele -titular de «The Old Fund», que adquirió el 70 por ciento de las acciones de Ciccone- avaló esa postura: sostuvo que los recibos de sueldo aportados por los empleados de la contribuyente demostrarían el mismo domicilio fiscal de Don Torcuato.
López Biscayart determinó entonces que «en el caso de ilícitos tributarios o previsionales, por regla general, se considera que el domicilio fiscal revela el lugar de comisión de los hechos que integran el objeto procesal de la causa, porque es allí donde la contribuyente habría incumplido sus obligaciones previsionales».
Y por ello decidió delegar el caso al juzgado federal de San Isidro, a cargo de Arroyo Salgado, cuya figura cobró amplia trascendencia por ser la exesposa de Nisman y querellante en la investigación que busca esclarecer su muerte.
Hay que esperar ahora a que la jueza acepte la competencia en el caso o el tema tendrán que resolverlo tribunales superiores.
Según detalló el juez, «hasta el momento solo fueron indagados Alejandro Paul Vandenbroele y Máximo Eduardo Lanusse, quienes se habían desempeñado como presidente y vicepresidente de Compañía de Valores Sudamericana SA».
A principios de abril, Vandenbroele se presentó ante López Biscayart y le presentó un escrito en el que explicó que como presidente de The Old Fund no se encargaba del pago de aportes.
Se trata de una causa colateral a las maniobras investigadas por el juez federal Ariel Lijo en los tribunales federales porteños, donde fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho el vicepresidente Amado Boudou. Pero si esta fuese sobreseída sería imposible avanzar en la investigación que afecta al vice presidente.
En esa causa también tienen procesamientos confirmados el socio y amigo de Boudou José María Núñez Carmona, Vandenbroele, Nicolás Ciccone, fundador de la empresa, y su yerno Guillermo Reinwick y Rafael Reisnick Brenner, exasesor de la AFIP y señalado como un colaborador imprescindible para que se aprobara el plan de pagos de impuestos que obtuvo la imprenta.
