La consulta convocada por los taxistas, que terminó con el triunfo de la postura que rechaza la instalación de GPS y los turnos obligatorios, dispara la necesidad de hablar muy en serio de este tema.
Más de mil cien taxistas decidieron la no obligatoriedad del uso del GPS en los vehículos. La boleta del “No al GPS y al turno obligatorio” se impuso por “1148 votos” a “12” en la elección realizada en la sede de Taxicoop. Los números hablan por si solos y muestran el rechazo de los trabajadores y patrones -todos intervinieron en la elección- a la resolución Nº 2301/21 de la secretaría de Gobierno de la municipalidad que obliga a los taxistas a prestar servicio rotativo obligatorio de ocho horas y la imposición de la adquisición de un botón antipánico que deberá colocarse de manera permanente en el vehículo.
Las reiteradas quejas de vecinos y turistas acerca de las dificultades que en la temporada se presentaron para conseguir el servicio, sobre todo en el horario nocturno, disparó un debate que aunque con el fin del verano pueda maquillarse exige de las partes la responsabilidad suficiente para utilizar los meses que vienen en la búsqueda de una solución definitiva.
En la ciudad existen “2147 licencias” de taxis, de las cuales “habrá unas 900 activas”, calcularon desde el gremio al graficar lo que está ocurriendo en la actualidad: la pandemia alejó a muchos choferes de la actividad y los depositó en otras actividades que hoy no quieren abandonar y terminan por lesionar el servicio.
La duda que se plantea desde el municipio es si la negativa a la instalación del GPS y al turno obligatorio se debe a los argumentos presentados por los taxistas -a quienes les asiste razón cuando se niegan a pagar una instalación que no es barata y un abono mensual de seguimiento cuando, sostiene, ya abonan demasiados impuestos- o se trata de evadir cualquier control y dejar el funcionamiento de la actividad, al fin un servicio público, al arbitrio de cada decisión personal.
Lo que resulta claro es que, con este sistema o con otro acordado entre las partes, la falta de unidades en las calles de Mar del Plata debe ser resuelta urgentemente. Sin imposiciones que afecten los derechos de los trabajadores ni avivadas que lesionen las necesidades de la gente.
Porque como en toda actividad que requiere de una autorización estatal para prestar un servicio a la comunidad emergen dos responsabilidades ineludible: la del poder otorgante, que debe garantizar el cumplimiento de la prestación que concede a un particular y la de quien la lleva adelante que no puede soslayar en ningún momento su carácter de carga pública.
Hay tiempo para negociar y hay margen para lograr una solución conjunta. Lo que no puede seguir existiendo es una ciudad sin un servicio adecuado de taxis y un debate que se puede sintetizar en una frase tan absurda como de espaldas a la necesidad de los vecinos: «no lo hago yo ni lo hace nadie».
A poner entonces manos a la obra…
