Redacción – El intendente quiere que terrenos de más de media manzana sean usados para cultivos, mientras que los de menor extensión se dediquen a canchas de fútbol. ¿Es posible?, ¿es legal?.
La iniciativa está incluida en un memorándum que dirigió el jefe comunal a sus funcionarios, para que todos los terrenos baldíos de más de media manzana de extensión sean destinados a la organización de huertas comunitarias y los que tengan menos de dicha extensión, serán convirtidos en canchas de fútbol..
Serán administradas por personal del municipio, con ayuda de grupos de vecinos y de sectores vinculados a iglesias evangélicas y ordenó que la iniciativa sea puesta en funcionamiento en un plazo de 15 días, amenazando a sus funcionarios con considerar «falta grave» su no cumplimiento.
Hasta aquí la noticia, que puede tener un trasfondo bueno y hasta reabrir fuertemente el debate acerca de la función social de la propiedad -promovida por el Concilio Vaticano II, que no fue por cierto defendido por las iglesias evangélicas- pero que deja demasiadas preguntas sin respuesta, lo que haría aconsejable un análisis más serenos y profundo de parte del gobierno comunal.
Solo por ello debe descartarse de plano el ultimátum del intendente para que el plan sea implementado en un plazo de quince días: semejante celeridad sería demostrativa de improvisación, autoritarismo y mal asesoramiento.
Porque esos terrenos son en su gran mayoría propiedad privada y aún que sus titulares no cumplan con el pago de las tasas correspondientes y aún en el caso de que sean inubicables, solo la justicia puede disponer su ejecución por deudas o el estado debe iniciar el proceso de expropiación que pueda corresponder, siguiendo todos los pasos que se inician con la declaración del bien como de interés público. Nada de eso ha ocurrido hasta el momento…
Tomar posesión «de facto» sería un atropello al principio constitucional de la propiedad privada y podría desencadenar tantos juicios contra la Municipalidad como lugares fuesen ocupados con el fin que sea. No debe olvidar Arroyo que no estamos en una autocracia, en las que todo es válido mientras el poder lo resuelva, sino en una democracia en la que las instituciones deben garantizar los derechos de los ciudadanos…entre otros aquel de propiedad.
Por eso, insistiendo en que el fondo de la idea no es malo ni descabellado, es que instamos al intendente a obrar con prudencia, ajustado a las normas y siguiendo todos los pasos que aseguren la vigencia del estado de derecho en la ciudad.
Porque sin estas condiciones, hasta lo mejor se vuelve malo para un pueblo que necesita ser educado en la esclavitud de la ley…
