Redacción – La defensa del líder mapuche encarcelado en Chile y la negativa a pedir por la libertad de los presos políticos en Nicaragua son ejemplo claro de la decisión tomada por el gobierno
Apoyar al líder mapuche Facundo Jones Huala o no acompañar una resolución de la OEA que exige la liberación de los presos políticos en Nicaragua indica que el gobierno resolvió no escuchar más a la gente.
Y con diferencia de pocas horas la cancillería argentina eligió ese camino como expresión de una política exterior que, como tantas otras, no deja de señalar a cada paso lo que realmente ocurre en nuestro país: hay una opinión pública que camina en un sentido, mientras que la ex presidente y su cada vez más pequeño pero poderoso grupo de amanuenses, constituidos en una organización de funcionarios rentados a la que bautizaron La Cámpora, lo hacen en otro empedrado de prejuicios, ideologismos y las más de las veces sinrazones.
Mientras el embajador argentino en Chile, un desvaído Rafael Bielsa que cambia prestigio y capacidad intelectual por un conchabo cómodo y muy bien remunerado, aparece sorpresivamente en un tribunal para abogar por un facineroso acusado de un sinnúmero de tropelías que justifica además en su desconocimiento a la potestad del estado nacional, el mundo entero se sobrecoge por los atropellos autoritarios de Daniel Ortega en la república centroamericana y su compulsión por encarcelar, torturar y asesinar a quienes no comulgan con su proyecto de unicato autoritario y su muy particular forma de interpretar las leyes.
Pero ni la violencia del pretendido mapuche ni la del dictador nicaragüense parecen ser suficiente para que la dudosa pléyade de iluminados que nos gobiernan lleguen siquiera a tener en cuenta que sus actos caminan en sentido contrario a los que se esperan de un país respetuoso del orden jurídico internacional y los derechos humanos.
El Gobierno se abstuvo en una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exige “la liberación inmediata” de los opositores al régimen detenidos en Nicaragua antes de las elecciones de noviembre.
El llamado de atención se resolvió con el apoyo de 26 votos a favor, es decir, el grueso de los países integrantes del organismo multilateral. Sin embargo, Argentina no formó parte de ese grupo y fue una de las siete abstenciones -junto a México y Bolivia– que evitaron pronunciarse a favor del reclamo hacia el gobierno del país caribeño. Lo que se pedía no era otra cosa que respetar el derecho a la libertad de quienes han sido encarcelados sin una acusación formal de haber cometido algún delito y con el solo fin de apartarlos del proceso electoral que el mandatario pretende sin rivales a la vista.
Mientras al mismo tiempo, en Argentina, grupos pretendidamente mapuches vuelven a atacar e incendiar propiedades privadas y al gobierno nacional, en este caso representado por el camporista Juan Cabandié, solo se le ocurre ofrecer «un co-manejo entre el estado y las organizaciones indigenistas en áreas ocupadas por estos grupos en Bariloche» teniendo como única respuesta un nuevo ataque.
Parece que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible parece desconocer que el co-manejo entre un Estado que es autoridad, con un grupo delictivo, es un desconocimiento de cómo se organiza legalmente y constitucionalmente una sociedad. Al menos bajo el imperio de una república…
Alguna vez el «vamos por todo» fue suficiente para recibir el repudio de una ciudadanía que percibió tras aquella desmesurada pretensión el surgimiento de una experiencia antidemocrática. Y actuó en consecuencia: las dos elecciones posteriores representaron para Cristina y su gente la salida del poder tras sendas derrotas.
¿Cuál cree el lector que será esta vez la respuesta de la sociedad ante el caprichoso derrotero del «vamos contra todos» que parece haber asumido el gobierno que formalmente encabeza Alberto Fernández pero que todos saben no le pertenece ni conduce seriamente?.
