De acuerdo al estudio del Ministerio de Economía de la Provincia, el índice registró una leve baja en el tercer trimestre aunque la excepción fue Mar del Plata, en donde la tasa creció .
Los datos fueron construidos utilizando como insumo los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), publicados en el informe de prensa Mercado de trabajo. El indicador es resultante del promedio ponderado de las tasas de los seis aglomerados urbanos de la Provincia: Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás y Carmen de Patagones.
En esta línea, según el informe publicado por el Ministerio de Economía, que conduce Hernán Lacunza, en el segundo trimestre del año la desocupación fue de 10,8%; mientras que en el tercer trimestre fue de 10,3 por ciento, lo que significan 654 mil personas desempleadas.
De esta manera, se registró una leve baja de 0,5 por ciento. No obstante, los índices son preocupantes. En los partidos de Gran Buenos Aires, por ejemplo, hay 576 mil personas sin trabajo; en La Plata 26 mil; Mar del Plata 34 mil; Bahía Blanca 10 mil; San Nicolás 7 mil y Carmen de Patagones, mil personas sin empleo.
En general, las estadísticas descendieron en todos los rincones de la Provincia, excepto en Mar del Plata, donde se registró una suba de mil personas, con respecto al trimestre anterior.
El intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, no puede repuntar su gestión y continúa en una fuerte crisis política e institucional. A los conflictos con los empleados estatales, se suman los alarmantes índices de desocupación que ubican a la ciudad por encima de los niveles del resto de la Argentina, no sólo de la Provincia.
Según el INDEC, Mar del Plata tiene 12,1 por ciento de desocupados, al tercer trimestre del año, mientras que en el total del país se registró 8,5% de desempleados.
Cabe destacar que recientemente el intendente Arroyo, presentó un proyecto de ordenanza para extender el plazo de la emergencia económica y financiera, que rige desde fines de enero del año pasado en el municipio. La iniciativa permitirá al Ejecutivo seguir disponiendo de recursos afectados para gastos ordinarios y prolongar el recorte de exenciones impositivas, en medio de las discusiones salariales con empleados estatales.
