El investigador neerlandés Arnold Karskens aporta nuevas pruebas sobre el papel de Jorge Zorreguieta en la desaparición de personas durante la dictadura argentina.
«El caso Zorreguieta» («De zaak-Zorreguieta», Editorial Querido) ha llegado a las librerías holandesas en un mal momento para Máxima de los Países Bajos (43 años). La semana pasada la prensa argentina mató por error al padre de la reina, Jorge Zorreguieta (86), que lleva varios años luchando contra una leucemia. Solo 72 horas después del falso fallecimiento, el exsecretario del dictador argentino Jorge Rafael Videla asistió junto a su mujer, María del Carmen Cerruti, y su hijo pequeño, Juan Zorreguieta, al Campeonato Abierto Argentino de Polo, cita ineludible para la flor y nata porteña. Esa fue su manera de acallar los rumores sobre su estado de salud.
«El caso Zorreguieta», de Arnold Karskens
Pese a su mal aspecto, Zorreguieta no dejó de sonreír en ningún momento. Parecía no saber que en el reino de su hija acaba de publicarse un libro que aporta nuevas pruebas sobre su papel en el terrorismo de Estado ejercido por el último Gobierno de facto argentino entre 1976 y 1981. El autor de «El caso Zorreguieta», el periodista neerlandés Arnold Karskens, ha investigado durante dos años la supuesta participación de Zorreguieta en el despido, tortura y desaparición de empleados que estuvieron a su cargo durante el periodo que se desempeñó como subsecretario y secretario de Agricultura y Ganadería.
«El padre de la Reina no era un militar, pero tenía un puesto de responsabilidad en el Gobierno de facto y no hizo nada para detener los crímenes», dice Karskens, que accedió a los archivos oficiales, habló con supervivientes y familiares de las víctimas e incluso entrevistó a Mario Cárdenas Madariaga, antecesor de Zorreguieta en la cartera de Agricultura. Según Cárdenas, «en el Ministerio no era un secreto» el despido por la fuerza de funcionarios que se oponían al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. «Discutíamos sobre estos temas y no se hacía nada sin antes consultarnos», reconoce el antiguo jefe de Zorreguieta.
El padre de la novia
«El padre de Máxima siempre dijo que no sabía nada sobre la desaparición de personas. Ahora su superior desmonta esa teoría», explica Karskens a ABC. En 2001 Zorreguieta aseguró ante un tribunal argentino que ignoró los métodos de represión ilegal usados por el régimen de Videla hasta el regreso de la democracia, en 1984. También afirmó que el secuestro y asesinato de funcionarios de la Secretaría de Agricultura –entre 500 y 1.000 personas– habían sido «secretos militares».
Ese mismo año, con motivo del compromiso de su hija con el entonces Príncipe Heredero Guillermo Alejandro de los Países Bajos, el exsecretario escribió una carta abierta en la que declaró: «Siento gran dolor que durante el Gobierno del que formé parte se hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Actué de buena fe arriesgando mi vida y la de mi familia para llevar a cabo un trabajo que no tuvo ninguna relación con la represión». Pero antes de la boda real, el primer ministro neerlandés Wim Cook encargó al historiador Michiel Baud un informe para aclarar el papel de Zorreguieta en los años de plomo. «Tuvo una posición alta. No podía ignorar lo que ocurría en el país», concluyó el académico. A raíz de ese documento, titulado «El padre de la novia», se le negó la invitación al enlace y a cualquier otro acto oficial de la Casa de Orange-Nassau.
Línea de conducta
Karskens publica el testimonio de supervivientes que dan cuenta de una «cadena de mando» que implica a Zorreguieta en las torturas y asesinatos. «En la cartera de Agricultura, al igual que en otros ministerios, existía lo que llamaban una “línea de conducta’’. Los altos cargos sabían lo que ocurría debajo. Y los cargos inferiores enviaban listas negras a sus jefes con nombres de empleados que podían ser un riesgo para el régimen. Al día siguiente los sospechosos eran despedidos u obligados a renunciar mediante tortura. Muchos de ellos desaparecieron», revela el autor, que preside la Fundación para la Investigación de Crímenes de Guerra y ha recibido premios del Consejo de Paz Humanista y de la Liga para la Protección de los Derechos Humanos.
«Zorreguieta no ha querido concederme una entrevista. Hablé por teléfono con su mujer y me dijo que no quería hablar. Lo entiendo. Cada palabra que diga puede ser demasiado. Tiene mucho que ocultar», dice el autor. Sandra Raggio, directora de la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo creado para la investigación del terrorismo de Estado en Argentina, afirma que las políticas de la Secretaría de Agricultura «costaron la vida de entre 500 y 1.000 personas», la mayoría de ellas pequeños agricultores, granjeros, miembros de las Ligas Agrarias y funcionarios de dicha cartera. Karskens narra los casos de Carlos Costa, Gustavo Giombini, Marta Sierra y otros empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, una oficina dependiente de Zorreguieta.
Ahora, tres supervivientes y los abogados neerlandeses Liesbeth Zegveld y Göran Sluiter preparan una acusación contra el progenitor de la Reina Consorte de Holanda. Solicitarán al Tribunal Supremo de La Haya que se abra una investigación criminal. «La justicia de mi país lleva 15 años intentando juzgarlo. Hasta ahora no había pruebas. Ahora las hay», dice Karskens, quien señala que los Países Bajos están obligados a investigar, ya que en 2011 ratificaron la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, un tratado de la ONU contra los crímenes de lesa humanidad.
El investigador sospecha que aún no se ha juzgado a Zorreguieta por ser quien es. Y concluye: «Si muere sin que se sepa la verdad quedará la duda, la sospecha de un doble rasero. No pueden quedar dudas, está en juego la credibilidad de nuestra justicia».
