Una larga exposición de la Presidente, basada en premisas falsas y organizadas en función de su relato, termina por dejar la impresión de que las cosas son como la gente sospecha.
Pasemos por alto la puesta en escena, yeso en ciernes, que da a la imágen un anticipo de lo que será todo el discurso: la Presidente es una víctima.
A lo largo del farragoso discurso Cristina no salió del libreto conocido por todos y que se sostiene en la teoría conspirativa que tiene al Grupo Clarín como eje del mal. Todo ha sido una confabulación de sus directivos, asociados con jueces, fiscales y agentes de los servicios, con la única intención de desestabilizar a su gobierno.
A partir de esta entelequia, la jefa de estado construye una historia en la que olvida a algunos de los protagonistas principales. En efecto, en momento alguno nombra a D’Elía, Esteche o Kahalil, a los que todos los argentinos escuchamos en las grabaciones que ahora se sabe fueron pedidas por Nisman pero aprobadas por Canicoba Corral, lo que las convierte en legales y les da el carácter de prueba en el expediente.
Inaugurando una nueva teoría –que el lector escuchará reiterar a los lenguaraces del gobierno hasta el cansancio en los próximos días– Cristina repite en cinco ocasiones el carácter de «íntima» al referirse a la relación entre Lagomarsino y Nisman.
La intención es tan miserable como clara: desviar la investigación hacia el terreno del crimen pasional con tonalidades de relación homosexual. Tal vez el único camino de podredumbre que hasta el momento no había intentado el gobierno…
Miente la Presidente cuando dice que Stiusso y Bogado habían sido denunciados por el gobierno antes de la denuncia. Y lo hace a sabiendas que esa denuncia fue hecha en el mes de noviembre de 2013 cuando las escuchas a sus colaboradores y militantes databan de dos años antes, cuando ambos estaban dentro de la estructura cercana a los despachos oficiales que frecuentaban permanentemente.
No queda duda entonces que el gobierno decidió sacárselos de encima cuando tomó nota -por una filtración desde dentro de la fiscalía de Nisman- que éste ya trabajaba en la denuncia que presentó el 14 de enero pero que de ninguna manera fue escrita en una semana.
Miente la Presidente cuando sostiene que Irán resolvió no prestar más atención al memorándum debido a la declaración de inconstitucionalidad por parte de la justicia argentina. Entre la firma del mismo y la decisión judicial pasaron veintidós meses en los que el estado islámico ni siquiera se dignó tratar el asunto.
Miente la Presidente cuando afirma que su decisión de enviar a Parrili a la SIE fue para cambiar estructuras que no habían sido tocadas desde 1983. Y lo hace a sabiendas que si esto fuese cierto hay en el medio doce años de gobierno de su marido y suyo propio en los que Stiusso, Bogado y los métodos promiscuos de la secretaría pudieron trabajar con absoluta tranquilidad.
De hecho Parrili va a ponerse al frente de los espías para frenar el drenaje de información que ponía en evidencia las relaciones non-sanctas del Ejecutivo con un gobierno criminal como el iraní.
Miente la Presidente cuando displicentemente dice que «sólo Israel y algún presidente norteamericano» denunciaron a Irán en la ONU como lo hiciesen ella y su marido.
Francia en 1980, Irak en 1986, Siria en 1984 y Jordania un año después son antecedentes que ciertamente Cristina ha olvidado de naciones que también llevaron al organismo internacional sus acusaciones por violaciones a los derechos humanos de Irán.
Tergiversa la verdad cuando sostiene que Argentina e Irán habían propuesto una comisión internacional para la investigación del atentado -descalificando así la propuesta del New York Times del día viernes- ya que técnicamente el memorándum nunca entró en vigencia, no es lo mismo una que se conformase a instancia de los organismos internacionales (como proponía el diario estadounidense) que una formada a piacere por iraníes y argentinos y porque además debemos recordar que en una de las escuchas D’Elía y Khalil sostienen que esa comisión es «parte del piripipí». Aunque Cristina prefiera ignorarlo.
En cuanto al proyecto de ley para reorganizar la inteligencia argentina, es poco lo que pueda agregarse a lo obvio: poner en manos de Alejandra Gils Carbó el monopolio de la investigación de las personas es pegarle un tiro en la cabeza a la libertad de los argentinos. Y asegurarse la maniobra permitiendo que el Poder Ejecutivo siga siendo quien nombra a las cabezas de la nueva Agencia es casi una tomada de pelo al sentido común.
Porque aunque necesiten acuerdo del Senado, es claro que el plazo máximo de 90 días para entrar en vigencia pone al gobierno lejos de cualquier sorpresa: las mayorías automáticas volverán a primar y es muy posble que en las estructuras de conducción del organismo queden por fin, y como siempre fue la intención, sectores vinculados a La Cámpora y a su hijo Máximo.
Todas las demás bondades del proyecto la mandataria podría habérselas ahorrado: están consagradas en la Constitución Nacional y sin embargo no quedaron a salvo de las trapisondas de los espías que por tanto tiempo acompañaron la política de carpetazos del gobierno.
En resumen, más de lo mismo. Es Clarín, la culpa la tienen los gobiernos desde 1983 hasta 2003, Nisman no sabía ni jota de lo que estaba firmando, D’Elía y sus compinches han sido una ilusión óptica, Gils Carbó va a garantizar el funcionamiento del espionaje argentino y todo ha sido para esconder «la asignación universal por hijo, las AFJP, la inclusión social y los seis millones de puestos de trabajo».
Claro que en el medio hay una persona muerta, una causa sin avanzar un ápice -lo que parece ser más lógico que ocurra por las negociaciones inmundas que aparecen en las escuchas que en la decisión de los Magnetto’s Boys- y una sociedad que esperaba de su primera magistrada algo más que la autoreferencia, el yeso, las medias verdades, las mentiras y un sonsonete eterno que se aplica tanto a la escapada del dólar, la inflación o el crimen de un fiscal.
Una sociedad que esperaba una Presidente sólida y no una reina desnuda.
