Los progenitores de los alumnos serán penalizados con trabajos comunitarios, pago de multas o hasta arrestos.
«La modificación fue pedida por la Dirección General de Escuelas (DGE) por los reiterados agravios recibidos por los docentes», indicó la legisladora Lorena Saponara, titular de la comisión bicameral de Educación.
«Con este espíritu hicimos una modificación en el Código de Faltas que fue aprobado por unanimidad hace un mes», explicó. La iniciativa «es solo una ayuda para aportar al rol docente, pues la violencia está instalada porque la sociedad en general está violenta», fundamentó la legisladora justicialista.
El director de asuntos jurídicos de la DGE, Mariano Allende, señaló que «el docente es una autoridad, quien ofenda a esa autoridad tiene que recibir una sanción, como por ejemplo realizar trabajos comunitarios. Queremos que los padres con estas sanciones reflexionen en su actitud» hacia los educadores, expuso.
Allende dijo que «también se modifica la responsabilidad de los padres con el cumplimiento del retiro de sus hijos a la salida de la escuela», con sanciones a los que «en forma reiterada e injustificada no cumplen con el compromiso» de buscarlos al término de clases.
En estos casos la sanción aplicable es la «obligación de conductas» que, según explicó, será «la tarea impuesta por un juez que le implique al tutor modificar sus comportamientos, como puede ser la asistencia a cursos o talleres».
La modificación incorpora al Código de Faltas el artículo 43 bis para «padres, tutores, curadores de una persona que agredieren de manera reiterada, en forma personal y directa, con insultos o señas» que impliquen «un agravio» a personal docente y no docente de escuelas públicas de gestión pública o privada o a funcionarios de la DGE «en razón de su cargo y siempre que el hecho no constituya un delito».
En esos casos el agresor será sancionado «con obligaciones de conducta» que van de «trabajos comunitarios de hasta un máximo de 18 horas» hasta 5 a 20 «días de multas» en caso de incumplir los articulados en que se basan las disposiones.
Las autoridades educativas mendocinas buscan con estas medidas «reconocer a la escuela como un ámbito donde se reflejan distintas realidades, dando una herramienta más a los docentes, en la que se le reconozca su autoridad. Entendemos que la escuela debe ser un espacio armónico donde se desarrolle el proceso de aprendizaje», manifestó Allende.
«Desde lo jurídico acompañamos la vulneración de los derechos de los chicos y de los derechos de los docentes e inmediatamente, ante una situación, concurrimos a la escuela», afirmó el funcionario de la DGE.