En agosto pasado, el concejal del Municipio de la Costa Marcos Alfredo García denunció al ministro de Planificación, Julio de Vido, y al actual vicepresidente Amado Boudou. Hizo lo mismo con el ex intendente del Partido de la Costa Juan de Jesús y su hijo y actual mandatario local, Juan Pablo de Jesús.
Lo que sostiene García implica los delitos de violación de deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y tráfico de influencias. La presentación apunta a una licitación del año 2005 para la construcción de 486 viviendas y dos escuelas en el Municipio de la Costa. El presupuesto original fue de 20 millones de pesos y luego se amplió en seis millones más.
En la denuncia se explicó que la obra fue adjudicada a la empresa Cantera FC S.A., que debía finalizar la construcción en 2006, y que a pesar de haberse pagado en 2007 dos tercios del total, las dos escuelas y más de la mitad de las casas no habían sido terminadas. La empresa había entrado en convocatoria de acreedores. El denunciante dijo que Cantera “habría suscripto un convenio con la Municipalidad de la Costa en virtud de la cual la última le habría pagado sumas de dinero a pesar de los incumplimientos en la obra pública referida”. Por aquel entonces Boudou era el secretario de Hacienda del Municipio de la Costa. El denunciante aseguró que “hay que investigar por qué se pagó en su momento a Cantera y por qué se vuelve a pagar”. “Hay que investigar consiguientemente a Amado Boudou y al actual intendente del Municipio de la Costa, Juan Pablo de Jesús, por querer pagar ahora un monto de deuda que él mismo, dijo que no se podía pagar porque la obra no se hizo cuando contestó la demanda del Banco Hipotecario”, continuó. El fiscal abrió la investigación e imputó a De Jesús y a Boudou por lo actuado en el Municipio de la Costa. Y a De Vido porque los fondos fueron aportados por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Pollicita firmó el requerimiento de instrucción para que el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, realice varias medidas de prueba. El fiscal pidió -según fuentes judiciales- que sea citado el concejal García -que ha tenido algunos problemas judiciales- para que aporte más datos sobre el caso. También solicitó que Lijo pida información sobre la constitución y el movimiento societario de Cantera. Y además que se realice una inspección ocular en el lugar donde se construyeron a medias las viviendas y en las escuelas ubicadas en San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó. Pollicita pidió que, en el caso de existir algún estudio sobre las viviendas, la Auditoría General de la Nación lo envíe al juzgado de Lijo. Otras medidas de prueba -que no trascendieron- fueron solicitadas por el fiscal,
Costa Esmeralda
Una de las líneas de investigación apuntaría ahora a la ruta del dinero producido por el negociado. La versión señala que los fondos habrían sido invertidos en el emprendimiento Costa Esmeralda. Como explica el sitio de Eidico S.A. http://www.eidico.com.ar/barrio_cesmeralda.html) se trata de “un balneario exclusivo que se extiende a lo largo de 3200 m de costa, con 1000 ha de bosques, médanos y plantaciones de pinos de diversas edades. Este emprendimiento de descanso junto al mar surgió como solución a la saturación estructural que experimentan Cariló y Pinamar. Costa Esmeralda cuenta con 3400 lotes distribuidos en distintos barrios y áreas residenciales, y está previsto el desarrollo de una zona comercial y otra de viviendas de media densidad. Todas las modificaciones conservan las características sobresalientes del entorno.” En medios allegados a la municipalidad de Pinamar se comenta que Juan de Jesús, Boudou y otro político de primera línea hoy en la oposición estarían- a través de prestanombres- entre los principales accionistas de Eidico S.A. Esta firma ya cuenta con otros barrios cerrados en pleno funcionamiento, como San Sebastián y Pilar del Este en Pilar y Villa Nueva en Tigre. El veloz crecimiento de Eidico en los últimos años se explicaría sobre todo por las grandes facilidades que le concedieron distintos municipios a partir de gestiones que se habrán hecho desde el vértice del poder.
